Columna Agenda Abierta
Triste y desesperanzadora noticia representó el atentado en el cual perdió la vida Armando Linares, periodista y director del noticiero Monitor de Zitácuaro en Michoacán, quien precisamente el pasado 10 de enero denunció el ataque y asesinato de Roberto Toledo, colaborador de ese espacio informativo. Esta narrativa es una fúnebre parte de los ocho periodistas muertos este año y los 56 caidos en lo que va de este sexenio.
Sin duda, todo fallecimiento nos motiva a la reflexión, y las circunstancias que envuelven los acontecimientos nos obligan a exigir respuesta por parte del Estado a esos terribles hechos, pero la motivación más importante debe ser la de evitar que crezca la franja de la indiferencia a la violencia. No podemos acostumbrarnos a la inseguridad y la barbarie.
Por ello, es muy importante atender y entender los diversos llamados de personajes representativos de la comunidad internacional, cuya manifestación esta más cercana a la preocupación sobre lo que ocurre en nuestro país, las vías de solución y atención de los problemas, y sobre todo alejada de un interés descalificatorio sobre el desempeño gubernamental.
Una de las voces más importantes es la de Antony Blinken, Secretario de estado norteamericano, quien en febrero pasado y pese al terrible arranque de año, encabezó los reclamos de la Casa Blanca por los crímenes contra la prensa y activistas en materia de Derechos Humanos en nuestro país.
En esa ocasión, cayó mal en la Presidencia de la República el llamado y los cuestionamientos desde Washington sobre la ola de violencia y las condiciones de trabajo que enfrentan los periodistas mexicanos, incluso interpretándose en Palacio Nacional como una “injerencia” del vecino del norte.
La expresión del presidente López Obrador fue “pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos, ni es un protectorado”. El mandatario mexicano señaló, en esa ocasión, que había avances en las investigaciones de los cinco asesinatos de comunicadores que, para ese entonces, se habían registrado en lo que iba del año e insistió en que no quedarían impunes.
Otra expresión relevante fue la de la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, asegurando que los niveles de violencia que viven los periodistas mexicanos son alarmantes y recriminando la impunidad que se vive alrededor de estos casos.
Incluso fue más allá y señaló que “desafortunadamente, en ocasiones, funcionarios han contribuido al clima de miedo en el que trabajan al denigrar a los periodistas y la relevancia de su trabajo”. En el marco de la 49 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet rechazó el clima de violencia que viven los periodistas mexicanos.
Sin embargo, la declaración que motivó la más agria y encendida respuesta por parte del Ejecutivo mexicano, fue la condena que hizo el Parlamento Europeo por la creciente violencia contra periodistas en México y las constantes declaraciones denigrantes del Presidente contra la prensa independiente. No está de más recordar que esta declaración contó con la friolera de 607 votos a favor, solamente dos en contra y 73 abstenciones.
El problema real, con base en datos y la interpretación de la organización Artículo 19, es la muerte de periodistas, la reacción del Presidente de minimizar los hechos e insultar a diario a periodistas y medios de comunicación, cuyas investigaciones u opiniones son incómodas para el Gobierno.
Incluso algunas organizaciones defensoras de la libertad de expresión han considerado que la violencia verbal del Presidente estigmatiza el ejercicio periodístico. Con base en estos datos y percepciones generalizadas, fue que el organismo europeo virtió su posicionamiento.
Sin embargo, es importante destacar un elemento de alta relevancia. El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE), a diferencia de algunos otros tratados internacionales o acuerdos económicos celebrados por nuestro país, incluye la existencia de un parámetro de respeto a los Derechos Humanos y la salvaguarda de principios democráticos universales.
Es decir, para llevar a cabo la firma del TLCUE, se incluyó una declaración que ha sido denominada como la “cláusula democrática”, la cual es básicamente un instrumento jurídico que se inserta en el texto del tratado y lleva implícita la manifestación de voluntad de las partes a respetar y promover, en sus políticas internas, los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales.
A saber, el Título Primero del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea observa elementos de respeto a principios que se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y deben de ser objeto de inspiración de las políticas internas e internacionales de las partes y constituye un elemento esencial del Acuerdo.
Por esa razón, llamar injerencia a la necesaria observación de un acuerdo firmado hace cerca de 20 años, que actualmente es sujeto a revisión, merece una reflexión adicional.
Una parte fundamental del TLCUE lo representa el concepto de Diálogo Político, diseñado con el objeto de fortalecer las relaciones entre las partes firmantes del Acuerdo, sobre la base de la reciprocidad y del interés común.
La resolución del Parlamento Europeo, pero sobretodo la respuesta del Presidente pueden, según expertos, poner en riesgo el proceso de modernización del nuevo Acuerdo que actualmente está en negociación.
Lo anterior, porque el Tratado no solo es comercial, sino como lo hemos señalado, también es de diálogo político y cooperación internacional.
La Unión Europea tiene una asociación estratégica con Mexico basada en valores, supuestamente compartidos. Hay que señalar que en 2014, hubo una dura resolución del Parlamento Europeo sobre el caso Ayotzinapa, la cual también significó un balde de agua fría para el Gobierno mexicano en ese momento.
La “Cláusula Democrática” es una herramienta más para la promoción de la democracia, siempre acompañada de la protección de los derechos humanos, reconociendo que se trata de un acicate que engloba las relaciones internacionales.
Por Moisés Gómez Reyna
@gomezreyna
