Tan sólo hace dos décadas, México vivía un momento paradójico: mientras la violencia contra periodistas escalaba, el llamado Cuarto Poder –esa prensa incómoda que investigaba malos gobiernos, desvíos millonarios y colusiones políticas– ganaba músculo. Los renovados medios mexicanos destapaban enredos, actos de corrupción, estafas y hasta escándalos sexuales. Escenario que se vio fortalecido por la propagación del uso de las redes sociales, que se volvieron termómetro y canal de denuncia que acotó el todavía “poder cuestionable”.
Hoy, este frente de resistencia se desmorona. La nueva Ley de Telecomunicaciones, aprobada fast track en comisiones del Senado, no es solo una reforma técnica: es la sentencia de muerte simbólica para la expresión libre. Y con ella, México renuncia a su lugar en el mundo globalizado, donde la independencia mediática es pilar de las democracias.
El primer acto de esta condena fue la ejecución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el último órgano autónomo que frenaba los excesos del poder. Creado en 2013 como contrapeso a los monopolios televisivos y al clientelismo político, hoy es reemplazado por una Agencia de Transformación Digital atada al Ejecutivo. Es decir: quien reparte concesiones, espectro y sanciones será el mismo que usa la publicidad oficial para premiar o castigar medios.
Los tres pecados capitales de la ley
1. La censura por la puerta trasera Bajo el pretexto de “regular la veracidad”, el Estado se erige como árbitro de la verdad. ¿El riesgo? Que, como en Venezuela o Hungría, los contenidos “incómodos” sean bloqueados por “fake news”.
2. El ahogo económico Las multas de hasta 3% de los ingresos anuales por “infracciones editoriales” son un fusil financiero apuntando a medios críticos. Mientras, los “medios amigos” recibirán 10% del gasto público en comunicación.
3. El aislamiento digital Al prohibir “propaganda extranjera” y controlar plataformas, México copia el manual de China y Rusia: cercar el internet para que solo sobrevivan las voces oficialistas.
4. México fuera del mapa democrático Mientras el mundo avanza hacia regulaciones que protegen la neutralidad de la red y la libertad de prensa, México retrocede a los años 70: un paisaje donde sólo los medios oficialistas tenían micrófonos.
- El T-MEC exige libertad de expresión en internet. Esta ley podría desatar un conflicto comercial con EE.UU. y Canadá.
- La CIDH ya advirtió que sin prensa libre no hay democracia. ¿Queremos que nos equiparen a Nicaragua?
- Inversionistas huyen: En 2023, México cayó al lugar 58 en libertad de prensa (RSF). ¿Qué empresa apostará por un país donde el gobierno cierra medios?
La pregunta no es si esta ley beneficia al partido oficial, sino si los mexicanos estamos dispuestos a perder el último dique contra el autoritarismo. Cuando callas a la libre expresión, el empoderamiento ciudadano es lucha perdida.
Hoy, el Cuarto Poder está en el corredor de la muerte. Su sentencia no la escribieron jueces, sino una mayoría legislativa que confunde lealtad al gobierno con servicio público.
Es irónico que una política con temperamento racional y formación de ingeniería del pensamiento abierto y la precisión, se deje arrastrar a un intento de atropello institucional (por llamarlo de algún modo) contra una sociedad mexicana ya lastimada por un reciente proceso electoral judicial que ahondó su desencanto.
México, en lugar de sumarse al concierto global donde la transparencia y los contrapesos son norma, se coloca al borde del cuestionamiento internacional, justo cuando el mundo no puede dar más señales de una globalización irreversible. Pero lo más preocupante no es la ley en sí, sino la irresponsabilidad con que se impone.
Tristemente, esta nueva era política no teme a los escándalos ni a las olas de desprestigio. A diferencia de otros tiempos –que se llamaron malos–, donde las crisis de imagen al menos obligaban a fingir culpa o rectificación, esta generación de gobernantes parece inmune al señalamiento. Como si el pudor político, esa antigua conveniencia que frenaba los excesos, hubiera desaparecido junto con los virus más remotos. Sobreviven a cualquier crítica, no con argumentos, sino con el silencio cómplice de quien sabe que, hoy, la impunidad no se gana, se presume.
¿El resultado? Un país que, en vez de debatir cómo competir en la economía del conocimiento, discute si su prensa seguirá siendo libre. Y unos políticos que, en lugar de ruborizarse ante el desdén ciudadano, lo asumen como costo por permanecer en el partido que, hasta este momento de todas formas, gana.
El verdadero juicio no es el de los tribunales, sino el de la historia. Y esta, tarde o temprano, no perdona a quienes creyeron que el poder era eterno.
Por lo pronto –y por lo que haya sido–, la actualización de esta ley se pospone. Lo que sigue es no echar en saco roto: abrir y participar en los debates. No lo sabemos, tal vez haya esperanza.
