Columna Agenda Abierta
El pasado mes de enero recibimos en México la visita de la Secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, quien de acuerdo a sus declaraciones, posteriores a las reuniones sostenidas con el Presidente de la República y diversos funcionarios, estableció claramente la posición del gobierno norteamericano sobre la Reforma Eléctrica.
Señaló Granholm, que en cada reunión que sostuvieron expresaron abiertamente las preocupaciones reales de la Administración Biden-Harris, sobre el potencial impacto negativo de las reformas energéticas propuestas en torno a la inversión estadounidense en el país.
Abundó, señalando que la reforma propuesta podría dificultar los esfuerzos conjuntos de México y Estados Unidos, en materia de energía limpia y clima. Solicitó mantener mercados energéticos abiertos y competitivos para beneficiar a los tres países del bloque del T-MEC.
Viene esto a colación por la congruencia y consistencia del mensaje de Washington, refrendado durante la visita de hace un par de días de John Kerry, en torno a la propuesta de Reforma.
De hecho, fue sintomático el anuncio de la Cámara de Diputados, en la víspera de la llegada de Kerry, sobre la ampliación de los foros de Parlamento Abierto, después de haber celebrado cerca de 15 foros en las tres últimas semanas.
La propuesta de los nuevos foros va de la mano a la demanda del gobierno americano, por la serie de temas incluidos de Parlamento Abierto, como son “Energías limpias y renovables en la transición energética”, “El impacto y desafíos de la Reforma Eléctrica en la hacienda pública”, “La Electricidad como derecho humano de rango constitucional” y “Las decisiones del Poder Judicial en materia energética”, entre otros.
La visita de John Kerry y la ampliación del Parlamento Abierto nos hacen considerar algunos parámetros que son referentes de esta discusión.
En primer lugar, las motivaciones de la Reforma Eléctrica desde la óptica del Gobierno de la República, han privilegiado tres aspectos fundamentales: La soberanía de la industria eléctrica, entendida ésta, como la necesidad de que la CFE tenga el monopolio de la generación. En segundo lugar, el aprovechamiento de la infraestructura existente de la propia empresa, para generar energía y tercero, el establecer limites a la participación del sector privado.
Por su parte, los empresarios del ramo, nacionales y extranjeros, han demandado respeto a las reglas establecidas y piso parejo en el otorgamiento de permisos de generación de energías limpias.
El bloque opositor ha demandado la generación de energías limpias, el establecimiento de tarifas baratas y una plataforma de certidumbre a las inversiones.
Se puede leer a partir de las declaraciones de John Kerry, que el gobierno americano, observa algunas consideraciones: Primero, establecer que la modificación constitucional del estatus de la industria eléctrica no requiere de la modificación del Tratado de Libre Comercio; Sin embargo, los analistas especializados han definido que las condiciones del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) si tuviesen que cambiar, si hay reforma energética.
Esta primera circunstancia violentaría ese principio de respeto a los acuerdos internacionales de cumplir con lo que nos comprometemos: Pacta Sunt Servanda.
Segundo, la reforma energética planteada inhibirá el cumplimiento de programas de inversión de empresas privadas en nuestro país. En principio, las referidas a las energías renovables, por el cambio de reglas del juego, y después en la industria manufacturera, donde muchas de las empresas han hecho un compromiso global de reducción de emisiones y de consumo de combustibles fósiles.
En este sentido, Kerry pidió mercado abierto con competencia. Como se ha acordado desde el TLCAN y se ratificó con el TMEC.
Y tercero, el impacto presupuestal que tendrá para la Hacienda Pública el cúmulo de demandas internacionales, por los incumplimientos de acuerdos internacionales y las condiciones particulares establecidas.
La visita de John Kerry a nuestro país se da en medio de dos consideraciones diplomáticas y dos políticas. Las primeras, por la pericia del embajador Ken Salazar con sus declaraciones sobre la reforma energética y por la posición del gobierno de México de poner “en pausa” las relaciones con España, a partir de la disertación presidencial del desempeño de Iberdrola en México.
Las segundas, las políticas, una por el número de votos que requeriría la aprobación constitucional en el Senado, la cual por su conformación se antoja difícil y la dubitativa posición del PRI ante este tema: No hay elementos para saber con certeza si apoyaran el Nacionalismo Revolucionario o bien, el Liberalismo Económico.
Por Moisés Gómez Reyna
@gomezreyna
