Columna Contra las Cuerdas
Un Juzgado federal dio un ultimátum a las dos cámaras del Congreso de la Unión para cumplir una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se debió cumplir el pasado 15 de diciembre para elaborar una ley que regule la publicidad gubernamental y ya no se dé recursos solamente a los cuates del presidente.
Tienen 10 días los diputados y senadores para corregir múltiples omisiones en la Ley General de Comunicación Social de 2018, o en su defecto expedir una nueva.
Las comisiones de ambas cámaras que deben iniciar la discusión son las de Gobernación que preside Alejandro Moreno Cárdenas en la Cámara de Diputados y quien es líder nacional del partido.
Pero Alito, como lo conocen, no ha dado una sola señal para iniciar la discusión. Tampoco en la comisión de Gobernación que preside Mónica Fernández Balboa de Morena.
Eso es lo que pudo corroborar esta columna y a pesar del ultimátum de un juez hasta ayer en la noche no se había enviado a ninguno de los integrantes de ambas comisiones convocatoria alguna para cumplir con el ordenamiento.
En 2015, artículo 19 promovió el primer amparo en contra de la omisión legislativa para emitir una ley que regulara la publicidad oficial, al violar el derecho a la información y a la libertad de expresión, por contar con criterios claros de asignación.
En 2017, el organismo obtuvo el fallo a favor: el Congreso de la Unión no estaba haciendo su trabajo y debía aprobar una legislación al respecto.
Presionado por los tribunales, organismos públicos y la opinión pública, la LXIII Legislatura aprobó una polémica ley en publicidad oficial que fue severamente cuestionada por las ONGs y Artículo 19, pues estaba claro que la Ley General de Comunicación Social no frenaba la asignación discrecional de recursos públicos ni la utilización de éstos para fines proselitistas o electorales.
Fueron poco más de 61 mil millones de pesos los que se ejercieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, alrededor de 10 mil 200 millones de pesos al año, superior si se compara a los seis mil millones en los primeros dos años del gobierno de López Obrador, pero el reparto discrecional del dinero sigue siendo una realidad.
Sigue siendo imposible conocer con precisión cómo se destinan los recursos en la 4T, y los detalles de las contrataciones que se llevan a cabo con los medios de comunicación.
La bancada de Morena en la LXIV Legislatura determinó mandar a la congeladora todas las iniciativas correspondientes, a pesar de haber sido una de sus principales demandas como oposición.
Las afectaciones de la Ley General de Comunicación Social impactan en detrimento del objeto social o en la esfera jurídica de artículo 19, al ser una organización civil dedicada a la defensa y la promoción de los derechos humanos en libertad de expresión y derecho a la información.
El Congreso de la Unión tenía como fecha límite el 15 de diciembre para subsanar las deficiencias de la ley, pero no lo hicieron.
¿Volverán los diputados y senadores a pasarse por el arco del triunfo los mandatos judiciales?
UPPERCUT: ¿Debió guardarse el Presidente al sentir los primeros síntomas de garganta irritada? Quizá la respuesta esté aquí: este lunes, López Obrador se reunió con varios funcionarios de su gabinete como:
Javier May, de Bienestar; Roberto Salcedo, de la SFP; Adán Augusto, de Segob; Víctor Villalobos, de Sader; Manuel Bartlett, de CFE; Diego Prieto, del INAH; Ricardo Sheffield, de Profeco. Además estuvo en la conferencia de prensa sin cubrebocas con más de 20 periodistas. El jefe del Ejecutivo federal dio positivo a coronavirus horas después de que María Luisa Albores, titular de la Semarnat, informara que también se contagió, igual que Tatiana Clouthier, secretaria de Economía; ambas se entrevistaron con el mandatario federal la semana pasada.
