La violencia sexual en mujeres, niñas y niños, constituye una de las peores pandemias de la humanidad, de manera histórica, dolorosa y sin aparente combate.
Datos reveladores de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) estima que casi 5 millones de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales y/o acoso callejero durante el segundo semestre de 2020. El 98.6% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años, de julio a diciembre de 2020, no fueron denunciados.
Entre las ciudades que exhiben la mayor cifra negra (que se encuentran muy cercana al 100%), de acuerdo al estudio, se encuentran la Zona Metropolitana de La Laguna, en Durango y Coahuila, Nogales, Sonora, y Tlaxcala, Tlaxcala.
La violencia sexual en sus diferentes manifestaciones representa un atentado a la dignidad humana, a los derechos fundamentales, la transgresión a la confianza, el autoestima, la seguridad y la integridad. Todo ello socava en la vida emocional de las personas, y repercute, incluso, en quienes le rodean.
En el municipio Nogales, que actualmente se encuentra en declaratoria de Alerta de Violencia de Género, entre julio y diciembre de 2020 se contabilizaron 5,515 mujeres víctimas de abuso sexual. Sin embargo, se iniciaron apenas dos carpetas de investigación por este delito durante el mismo periodo. Esto representa un margen de impunidad del 99.9%.
Algo en lo que debemos insistir cuando hablamos de “cifras” es en la humanización de estas. Estos números representan la vida de personas, de mujeres, niñas y niños, con nombre y rostro, que no solo son víctimas de un delito consumado, en estos casos, si no de re victimización constante tanto por autoridades, como de personas de su entorno.
La violencia sexual de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de violencia, es ”cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto”.
En este sentido, las acciones contempladas por dicha Ley, así como a distintos ordenamientos y protocolos enmarcados en esta y en tratados internaciones de los que México es parte, indican la obligatoriedad de diversas instituciones de accionarse y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. “Los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige”.
La prevención es eje en materia de acabar con la violencia, no solo a través de acciones de difusión sobre derechos, canales de denuncia y definiciones de ley, es prioritario transformar la cultura patriarcal, reeducar a la sociedad para eliminar unos de los aprendizajes más antiguo de la humanidad que es “la mujer objeto” “mujer posesión”, “mujer obediencia”.
En materia de atención, existen diversas instituciones que dan apoyo y continuidad a las víctimas de violencia, tanto estatales como municipales, y su acercamiento, difusión y sensibilidad en comunicar y atender, es determinante. En Sonora el Instituto Sonorense de las Mujeres, con sede en diversos municipios, que incluyen Nogales, ofrecen de manera gratuita y con perspectiva de género atención especializada en la materia. Las victimas deben decidir si buscar ayuda o no. El miedo y la impunidad obstaculizan muchas veces su derecho a la atención, y esto es parte de la tarea que debe seguir fortaleciéndose con transversalidad de género en todas las institucionales.
En materia de impunidad existe un largo camino no recorrido que urge enfrentar. Los derechos humanos no son negociables, y ninguna decisión publica basada en creencias, en la incapacidad o el desconocimiento de personas al frente de las instituciones debe ir por encima de la ley. La atención a las denuncias y protección a las victimas aún es un tema no garantizado en el país. Es un problema que debe analizarse con profundidad y regularse de inmediato.
