Un juez federal aplazó, por tercera vez, las audiencias programadas para esta semana en las que se decidiría si el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin irá a juicio por los presuntos sobornos que recibió de las empresas Odebrecht y Altos Hornos, o si por el contrario se confirmará la suspensión temporal de los procesos en su contra gracias al criterio de oportunidad que ha negociado con la FGR.
Autoridades judiciales confirmaron a Animal Político que este nuevo aplazamiento fue solicitado por la defensa del exfuncionario federal, quienes pidieron más tiempo tanto para reunir datos de unos peritajes sobre cuentas en Europa, y también para concluir la colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR).
Las audiencias han sido reprogramadas ahora para mediados de agosto, lo que significará que Lozoya cumplirá ya un año desde que fue vinculado a proceso por ambos casos, pero sin que se resuelva su situación jurídica ni la FGR presente la acusación formal. El exdirector de Pemex no ha pisado la cárcel en ningún momento en todo ese periodo.
Lozoya fue procesado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho Esto luego de que la Fiscalía le imputara haber recibido presuntos sobornos por doce millones y medio de dólares de las compañías Altos Hornos y Odebrecht a cambio de favorecerlas con diversos contratos.
Sin embargo, desde su extradición a México el exfuncionario ofreció colaborar con las autoridades señalando a otras figuras de mayor nivel al suyo en las tramas de corrupción y entregando prueba de ellos. Originalmente se había fijado un plazo de seis meses que concluyó desde enero pasado para ofrecer las pruebas con que sostuviera esos dichos o, de lo contrario, para que la Fiscalía concluyera la indagatoria y presentara la acusación formal que permita llegar al juicio.
Pero la defensa del exdirector de Pemex liderada por los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda ha solicitado más tiempo para concluir su estrategia que lleva dos rutas: colaborar con los fiscales para tratar de cerrar el criterio de oportunidad y, a su vez, reunir evidencia para defender a Lozoya en caso de que la vía de la negociación fracase.
En ese contexto es que los representantes legales del exfuncionario del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto volvieron a requerir un nuevo aplazamiento de las denominadas audiencias intermedias.
“La defensa de Lozoya Austin argumentó que su representado requiere más tiempo para concluir dos peritajes en materia contable, así como concretar la recepción de estados de cuenta bancarios provenientes de Alemania y Suiza, mismos que debido a los tiempos que requiere la gestión en el ámbito de la cooperación internacional, están pendientes de ser remitidos a México, además de que deben ser traducidos al español por peritos debidamente acreditados”, señaló un funcionario consultado.
En los requerimientos que Lozoya hizo ante el juez (técnicamente denominadas promociones), el exfuncionario reiteró además que desde su llegada a México se ha mantenido colaborando con la FGR para cerrar los acuerdos que permitan obtener un “perdón legal” denominado criterio de oportunidad.
Cabe recordar que el criterio de oportunidad es una figura que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales y que permite la suspensión temporal o definitiva de la acción penal en contra de un probable responsable de un delito. Esto a cambio de que el procesado ofrezca datos y pruebas eficaces que permitan detener y enjuiciar a personas por delitos más graves o de mayor jerarquía criminal que la suya.
Los jueces de control responsables de los procesos en contra de Lozoya, ambos con sede en el Reclusorio Norte, aceptaron los requerimientos de los defensores y programaron para la segunda y tercera semana de agosto las multicitadas audiencias pospuestas.
Autoridades ministeriales confirmaron que el beneficio inicial que Lozoya obtendrá como parte del criterio de oportunidad (una vez que se oficialice en la audiencia intermedia) será la suspensión temporal de su proceso, como Animal Político lo adelantó en esta nota publicada en enero.
“Esto no significaría el fin de sus juicios, pues requeriría, aún, ratificar sus afirmaciones ante un Tribunal y reparar el daño. Sólo entonces se extinguiría la acción penal, según se indica en el primer párrafo del artículo 257 del Código Nacional de Procedimientos Penales” indicó una fuente de la defensa.
La suspensión que busca Lozoya está a punto de obtener lo beneficiaría tanto para el caso abierto en su contra por los pagos de Altos Hornos donde pesa en su contra un cargo por lavado de dinero, y para la imputación del tema de Odebrecht donde se le imputan tres cargos por lavado, asociación delictuosa y cohecho.
