Por presunto ejercicio indebido de funciones fue vinculado a proceso el ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda; se mantendrá en prisión preventiva y el juez de control determinó un plazo de 4 meses para que se lleven a cabo las investigaciones complementarias.
La causa penal 1425/2020 por la que se juzga ahora al ex mandatario, advierte un agravio por 83 millones de pesos a los Fondos de Inversión para la Creación y Apoyo de Empresas Sociales de Nayarit (FIRCAES).
-Anuncio-Luego de 7 horas en audiencia, un juez del fuero común determinó que la Fiscalía General de Nayarit presentó pruebas suficientes para vincularlo a presunto delito de ejercicio indebido de funciones y decidió la no vinculación a proceso de otros 5 delitos que el Ministerio Público podrá apelar en segunda instancia.
Los seis presuntos delitos por los que compareció el ex mandatario fueron cohecho, delitos cometidos en la custodia de documentos, falsificación de documentos en general, peculado, tráfico de influencias y ejercicio indebido de funciones.
Roberto Sandoval permanecerá en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Tepic, “El Rincón”, por esta causa del fuero común; no obstante, inicialmente su detención respondió al señalamiento por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, del que tendrá audiencia de vinculación este sábado.
-Anuncio-La Fiscalía General de Nayarit informó sobre dos órdenes de aprehensión más, pendientes de ejecutar contra el ex mandatario (2012-2017), además de que existe otra en la que colabora con el estado de Chihuahua por presuntos nexos delictivos con el ex gobernador César Duarte Jáquez.
El domingo 6 de junio, Roberto Sandoval y su hija Lidy Alejandra Sandoval López fueron ubicados y detenidos en el rancho El Güerito, del municipio de Linares, Nuevo León, tras 8 meses de investigaciones; así fueron presentados ante la delegación en Nayarit de la Fiscalía General de la República ese mismo día.
Lidy Alejandra realizó el pago de una garantía económica de al menos 1 millón y medio de pesos para continuar el proceso en libertad, aunque porta un brazalete electrónico para su ubicación permanente.
