Nunca ha sido fácil en México procesar un conflicto político provocado por el enfrentamiento entre el Presidente de la República y un gobernador.
En el pasado los gobernadores caían y era todo. O les desaparecían los poderes en sus Estados (Miranda, Nogueda) o los renunciaban (BIébrich) o les buscaban otros trabajos (Xico Leyva, Neme)), o los mandaban al ostracismo (Cosío, Florencio Salazar).En ocasiones se disfrazaba su caída por otros motivos (Aguirre,Zapata,) o les cobraban facturas por yerros políticos (Beteta, Martínez Villicaña etc.).
Si se rebelaban había persecución (Biébrich) y si se disciplinaban no pasaba de su salida del poder. Otros ya en su calidad de exgobernadores cayeron por corruptos o por sospechas de vínculos con el hampa. 16 de ellos han enfrentado procesos en los últimos 25 años.
Con el tiempo y gracias a las reformas promovidas por Jesús Reyes Heroles, remover gobernadores y desaparecer poderes en los Estados se hizo más difícil a través de la reglamentación Constitucional.
Lo que vemos ahora en el caso de Tamaulipas es diferente e inédito en México. Un Presidente de la República con una fobia especial contra el Partido Acción Nacional y un gobernador apoyado por su Congreso local que rechaza la decisión de la Cámara de Diputados de desaforarlo.
La Cámara Federal aprueba el desafuero y el Congreso local de Tamaulipas lo rechaza y ratifica en el poder al gobernador. En los dos casos se cumple con lo que establece la norma Constitucional. El artículo 111 en el caso de la norma federal y el 151 en el caso de la Constitución local. El asunto se sobrecarga de tintes políticos porque se presenta en temporada de elecciones y en el contexto de una pésima relación del Presidente López Obrador con los gobernadores.
Se trata de un golpe contra el PAN y un tema que ocupará por buen tiempo la agenda política nacional, para que la opinión pública deje de lado los casos de Guerrero y Michoacán mientras se agrede también a las instituciones electorales federales encargadas del proceso electoral.
¿En que va a terminar el affaire Tamaulipas? La Suprema Corte de Justicia deberá pronunciarse sobre el caso mientras se profundiza el enfrentamiento político entre el Presidente de la República y una parte considerable de gobernadores, en medio del proceso electoral donde hay otros temas que ya preocupan por los excesos demostrados.
Dice el artículo 105 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos que “Las leyes federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. Y pese a la claridad de la redacción, los legisladores federales de Morena en la Cámara de Diputados proponen reformar el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), que establece el requisito de lograr cuando menos un 3 % de la votación nacional —en esta ocasión para diputados federales— para conservar el registro como partido. El requisito también se establece en el artículo 41 de la CPEUM.
Dice el artículo 94 de la citada ley: “I: Son causa de pérdida de registro de un partido político: No obtener en la elección ordinaria inmediata anterior, por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en algunas de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de partidos políticos nacionales, y de Gobernador, diputados a las legislaturas locales y ayuntamientos, así como de jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, tratándose de un partido político local”.
¿Qué interés hay en violentar las leyes y la Constitución?
Los legisladores de la Comisión de Gobernación pretenden insertar un párrafo en el texto anterior para que se deje solo el “tres por ciento de la votación en cualquiera de las elecciones, sea local o federal”. Se busca —en el fondo y como verdadera motivación— con eso que los tres nuevos partidos políticos alineados con el presidente López Obrador y con la llamada cuarta transformación (Fuerza México, Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario) conserven su registro aún cuando en lo federal no alcancen el 3 % (como por ahora, así lo advierten la mayoría de las encuestas). Curiosos con sus ocurrentes iniciativas los militantes de Morena en el Poder Legislativo federal.
Por ejemplo, actualmente el PRD conserva el registro nacional pero lo perdió en lo local en el caso de Sonora. El Partido Nueva Alianza conserva el registro en Sonora, pero lo perdió en lo nacional. El Partido Encuentro Social lo había perdido en la elección del 2018, pero ahora reinventado y autorizado con el nombre de “Encuentro Solidario”, busca el 3 % para conservar el registro en la elección del próximo junio.
Es una nueva embestida política, como cuando tratan de quitarle el dinero a los partidos opositores, o cuando inconstitucionalmente amplían el período por dos años al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Por ahora han soslayado el tema de la reducción de plurinominales porque ha sido lo que les ha beneficiado en el ámbito de la representación proporcional a lo largo de los años.
Por lo visto, los de Morena quieren saber muy poco del estado de derecho y el respeto a las leyes. En eso se combinan la sumisión al ejecutivo con una gran ignorancia jurídica e histórica para darle palos al sistema electoral, que tanto ha costado construir en los últimos treinta años.
Como partido oficial, Morena coincide con la óptica presidencial de que tanto el INE como el TEPJF son instituciones del pasado, que vienen del período “neoliberal” y que se oponen a la “gran transformación” (sic) que ellos están impulsando.
Y el presidente de la República volvió a la carga contra esas instituciones cuando el Tribunal Federal ratificó la decisión del INE Nacional de anular las candidaturas de Félix Salgado en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. El ejecutivo ya no festejó, como lo hizo desde su rancho cuando le negaron el registro al Partido de Calderón y Margarita.
López Obrador ordenó de inmediato al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que sustituyera a los candidatos anulados y los nombrara presidentes estatales de Morena en ambos estados. Salgado no aceptó pero a cambio exigió que su hija Evelyn Salgado (como en los mejores tiempos del orgullo del nepotismo)lo reemplazara en la candidatura y Morón optó por recomendar a Alfredo Ramírez en Michoacán.
Legisladores de Morena han propuesto reformar al INE en cuanto pase el proceso electoral (para actualizarlo dicen) y ha corrido la versión de que lo tratarían de ubicar en el Poder Judicial de la federación. Un despropósito monumental que nos haría regresar a etapas de inestabilidad y confusión política del pasado, cuando los asuntos políticos y electorales terminaban en violencia callejera o en la toma de edificios y carreteras, por la carencia de instituciones mediadoras y procesadoras del conflicto político-electoral, como lo han sido en los últimos 30 años el INE y el TEPJF.
Sin duda y a casi un mes de la elección del 6 de junio, el gobierno y Morena ven ya números que les preocupan y estamos entrando al mes previo, en medio de tensiones que auguran para México y los procesos electorales un mes de mayo caliente…Muy caliente.
Bulmaro Pacheco
bulmarop@gmail.com
