El T-MEC continúa vigente, pero las condiciones bajo las cuales funciona la relación comercial de América del Norte se están negociando sector por sector. México ha solicitado a Estados Unidos reducir el arancel de 25 por ciento aplicado a ciertos vehículos fabricados en nuestro país, revisar el gravamen de 50 por ciento al acero y evitar nuevas medidas mientras avanzan las conversaciones. Al mismo tiempo, Washington pretende endurecer las reglas que determinan qué automóviles pueden recibir los beneficios del tratado.
Podría parecer que se trata de una discusión reservada para gobiernos y grandes empresas. Sin embargo, sus consecuencias pueden llegar a las fábricas, los proveedores, los trabajadores y las familias. Cuando un producto mexicano paga un arancel para ingresar a Estados Unidos, se vuelve más caro frente a sus competidores. La empresa que lo fabrica puede vender menos, reducir su producción o posponer la contratación de personal.
Pero existe otro costo menos visible: la incertidumbre. Imaginemos una compañía que analiza construir una planta en México. Antes de invertir necesita calcular cuánto le costará producir, de dónde obtendrá sus componentes y en qué condiciones podrá exportar durante los próximos años. Si desconoce cuáles serán las reglas, probablemente no cancelará el proyecto de inmediato, pero sí puede detenerlo mientras espera mayor claridad. La inversión que se aplaza también representa empleos, compras a proveedores e ingresos que dejan de generarse.
Por eso, la incertidumbre funciona como una especie de arancel anticipado. No aparece en las aduanas ni se refleja directamente en una factura, pero encarece las decisiones y reduce el atractivo de invertir. México conserva una ventaja extraordinaria por su cercanía con Estados Unidos y su integración productiva con ese país; sin embargo, esa posición pierde fuerza cuando el acceso preferencial a su principal mercado deja de percibirse como una garantía estable.
Para Sonora, esta discusión resulta especialmente importante. Su relación económica con Arizona, su actividad manufacturera, minera y automotriz, así como las cadenas de proveedores que atraviesan la frontera, dependen de un intercambio previsible. Una modificación en los aranceles o las reglas de origen no afectaría solamente a las grandes plantas: también alcanzaría a transportistas, pequeños proveedores, comercios y familias vinculadas con esas actividades.
La negociación exige firmeza para defender los intereses de México, pero también una estrategia interna. El país debe ofrecer infraestructura suficiente, energía confiable, seguridad, personal capacitado y reglas nacionales claras. No todo depende de lo que decida Washington: nuestra capacidad para conservar y atraer inversiones también se construye dentro del territorio mexicano.
El T-MEC seguirá siendo fundamental, pero su sola existencia ya no garantiza certidumbre. En una economía integrada, no basta con conservar un tratado en el papel; es indispensable que las empresas puedan confiar en sus reglas. Porque cuando nadie sabe qué condiciones estarán vigentes mañana, la incertidumbre termina cobrando desde hoy.
Moisés Gómez Reyna, economista y maestro en derecho constitucional.
