El pasado día 27 de abril de 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el retiro de la candidatura de Raúl Morón al Gobierno de Michoacán y de Félix Salgado Macedonio por la gubernatura de Guerrero, ambos pre candidatos por el partido Morena. La decisión, de acuerdo a su comunicado oficial, es definitiva e inatacable.
Un mes atrás, desde el 25 de marzo de este mismo año, el Instituto Nacional Electoral (INE) canceló los registros como candidatos de ambos personajes, por no presentar sus informes de gastos de la precampaña. Desde esa resolución, Salgado Macedonio ha insistido que no hizo precampaña y, por lo tanto, no hizo gastos. Sin embargo, evidencias que incluso son del dominio público por publicaciones en redes sociales, demuestran lo contrario.
Magistradas y magistrados de la Sala Superior determinaron que Raúl Morón y Félix Salgado Macedonio no contenderán en estas elecciones por la gubernatura de sus estados, toda vez que cometieron una conducta dolosa, al no presentar informe de ingresos y gastos de precampaña.
El mensaje enviado por las instituciones electorales del país es serio, las inconsistencias de ley deben de señalarse y castigarse, la transparencia es una de las herramientas de fiscalización que poco a poco ha ido institucionalizándose en México para parar la corrupción, a la que tanto pregonan combatir en campañas todos los partidos políticos.
Sin embargo, la agenda pública en el país se ha dividido en controversias en gran parte por el entorno político- electoral que esto simboliza. A ningún partido político le es agradable el rechazo de una candidatura, y gran parte de la exposición de defensa por parte de Morena, se ha centrado en deslegitimar a las instituciones electorales, bajo el argumento de una “desproporción” en las decisiones. Algo que inmediatamente nos recuerda el caso de la confesión pública que hiciera un alcalde de Nayarit en México en 2014, y que quedó como parte anecdótica de la historia reciente del país, “Si robé, pero poquito”.
Pero lo que ha situado a Félix Macedonio en el escarnio público, y muy particularmente del movimiento feminista, no ha sido el incumplimiento de procedimientos electorales, si no la serie de acusaciones sobre violencia sexual del cual ha sido sujeto, y sobre las que organizaciones y colectivos han expuesto una serie de delitos imputados al antes candidato.
De acuerdo al “Colectiva Nacional Feminista” Basilia Castañeda, una de las cinco mujeres que han acusado a Félix Macedonio, fue víctima de violación sexual cuando ella era menor de edad. Pero fue en 2000 cuando interpuso una denuncia en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía. Sin embargo, la PGR no dio seguimiento a la acusación, la cual prescribió.
Importante dejar en claro, que las posturas de las instituciones electorales ante estos hechos, aún de la denominada 3 de 3 contra la violencia, se limitan ante la falta de concreción de los procesos, es decir, Salgado Macedonio nunca ha sido sentenciado, lo que impide que sean limitadas sus aspiraciones por esos delitos ante su (cinco veces) “presunción de inocencia”.
De acuerdo a lo anterior, desde que se hizo pública su aspiración a la candidatura de la gubernatura de Guerrero, se hicieron innumerables llamados públicos por el movimiento amplio de mujeres para solicitar a las autoridades partidistas no impulsarán a un presunto violador como candidato a gobernador con el hashtag #UnVioladorNoSeraGobernador
Importante poner en la mesa que las cifras en materia de procuración de justicia en México por causa de denuncias de violencia sexual contra las mujeres, demuestran una impunidad rampante del 99% de acuerdo datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, hechos que se agravan al considerar la cifra negra que arroja la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) en la cual se observa que un 99.7% de los delitos de hostigamiento, abuso sexual y violación en México no llegan a denuncias.
Ante esta evidencia, los criterios de las instituciones partidistas, del electorado y de la sociedad en general, militantes, simpatizantes o no de cualquier partido político, deben evaluar lo realmente importante para la democracia y el desarrollo de nuestro país. Ningún violador, ningún violentador debería representar y tomar decisiones públicas.
