a jueza primero de Distrito con sede en Campeche, Grissell Rodríguez Febles, ordenó al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) la suspensión provisional de la construcción y ejecución del proyecto Tren Maya y frenar la primera etapa del “Proceso de Relocalización Consensuada” para 300 familias de los barrios Santa Lucía, La Ermita y Camino Real de la capital campechana.
Guadalupe Gutiérrez Cáceres, una de las representantes del Colectivo Tres Barrios, precisó que la suspensión provisional contra el proceso de relocalización por el Tren Maya que les concedió la jueza representa seguridad para mantener sus viviendas, aunque será el próximo 9 de marzo cuando el Juzgado decida si mantiene la medida hasta que concluya el juicio, de acuerdo con La Jornada.
Informó que 80 personas presentaron una nueva demanda de amparo en contra de los ‘desalojos forzosos’ por el “Tren Maya”, y el Juzgado Primero de Distrito en Campeche ordenó a las autoridades encargadas de la construcción y ejecución del proyecto abstenerse de realizar todas las actividades de la primera etapa del denominado “Proceso de Relocalización Consensuada”, realizado por ONU-Hábitat en coordinación con Fonatur.
Comentó que la segunda demanda fue presentada para la protección de la más de 300 viviendas que temen ser desalojadas por la construcción del Tren Maya, ya que las autoridades federales no se han acercado para sostener un diálogo e informado al respecto, por lo que han recurrido a los amparos.
Gutierrez Cáceres expuso que, desde el año pasado, el Colectivo “Tres Barrios” ha denunciado que el llamado “Proceso de Relocalización Consensuada” realizado por ONU-Habitat en contratación de Fonatur, es en realidad un proceso de desalojo forzoso, puesto que no se les está dando más alternativas que abandonar sus barrios.
