México, 16 nov (EFE).- Periodistas sin protección, niños enfermos de cáncer que batallan por sus medicinas, mujeres que luchan por su seguridad: ellos son los olvidados de la COVID-19, colectivos que se dicen abandonados por un Gobierno mexicano que ha centrado su atención y recursos en combatir la pandemia.
Tras rebasar el millón de contagios y al borde de los 100 mil muertos por el nuevo coronavirus, que llegó a México el 28 de febrero, el SARS-CoV-2 no es la principal preocupación del periodista desplazado forzadamente a la capital Omar Bello, que teme que lo arranquen de su hogar.
“Ya me quieren quitar de aquí de donde estoy, porque este es un departamento que supuestamente es muy caro”, asegura, ya que el Congreso suprimió el fideicomiso que lo amparaba y le permitía vivir en Ciudad de México.
Bello es uno de los 418 periodistas que se encuentran en México protegidos por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Su situación, tras sufrir amenazas e incluso una paliza en su natal estado de Guerrero, en el sur del país, obligó a que lo trasladaran a la capital para proteger su vida.
México fue el país del mundo con más periodistas asesinados en 2019 con 10 casos, seguido de lejos de Pakistán, que tuvo cuatro, según el recuento de Reporteros Sin Fronteras (RSF). En 2020, ya van ocho informadores asesinados.
Bello está convencido de que el Ejecutivo aprovechó la pandemia “de manera muy facciosa y de manera dolosa” para eliminar estos 109 fondos destinados a la ciencia, la cultura, el deporte y los derechos humanos.
“Este era un proyecto que ellos ya traían. Obviamente que ellos han intentado disfrazar todo. Fue lo que nos dijo el diputado (oficialista) Mario Delgado, que entendiéramos que la situación de los fideicomisos era necesaria para paliar la COVID-19”, revela.
Israel Rivas tampoco tiene covid, pero cita a Efe a las puertas de un hospital. Su hija Dana, de 6 años, padece leucemia y está pasando consulta.
El desabastecimiento de medicamentos para niños con cáncer es una problemática que México arrastra desde hace más de dos años, pero la pandemia “ha repercutido muchísimo” en esta crisis.
“Se brincan medicamentos, se alteran los protocolos y esto incide directamente en la recuperación y en la salud de los pequeños. La pandemia ha venido a retrasar los tratamientos y ha traído una repercusión muy grande en los 20 mil niños con cáncer que hay en el país”, asegura Rivas.
Este padre de familia, que tuvo que trasladarse desde el sureño estado de Chiapas a la capital para que su hija fuera atendida, explica que los tiempos de espera desde diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, “se duplicaron” en los pacientes oncológicos.
“A veces (Dana) esperaba una hora para la consulta, ahora se espera tres o hasta cuatro horas. Con la pandemia se vino a alargar. Llega uno a las 9:00 horas y sale a las 14:00 horas”, lamenta.
Además de suprimir 109 fideicomisos, los legisladores hicieron una modificación en el Fondo de Salud (antes conocido como de Gastos Catastróficos) para permitir que el Gobierno federal pueda disponer de hasta 33 mil millones de pesos (mil 616 millones de dólares) de esa partida destinada a atender enfermedades como el cáncer, algo “muy grave” para Rivas.
Los que sí revivieron el pasado lunes fueron los fantasmas del pasado respecto al abuso policial y especialmente a la violencia contra las mujeres, cuando la policía dispersó a tiros una manifestación contra un feminicidio en Cancún, paraíso turístico en el caribeño estado de Quintana Roo.
La marcha se había organizado como protesta por el asesinato de la joven Alexis, un feminicidio más de los 724 acumulados desde enero a nivel nacional y los 9 en Quintana Roo, según cifras oficiales.
Durante la pandemia, como reconoció el mismo Ejecutivo en palabras de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, las muertes violentas de mujeres por razón de género “no cesaron ni disminuyeron” en un país en el que 10 de ellas son asesinadas cada día.
La incesante situación de violencia contra la mujer llevó a algunos colectivos feministas a tomar una sede capitalina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el pasado 3 de septiembre.
Más de dos meses después de la toma, las mujeres siguen allí. Ya lo advirtió al entrar por primera vez Erika Martínez, madre de una niña violada y una de las cabecillas de la ocupación.
“Vamos a seguir en pie de lucha hasta que esto se acabe”, avisó. Y allí siguen.
Fuente: Sin Embargo
