SANTIAGO, Chile (AP) — Amnistía Internacional (AI) pidió el miércoles a la Fiscalía Nacional de Chile investigar a parte del mando policial chileno, al que responsabiliza de violaciones a los derechos humanos durante la represión de las protestas de hace un año.
En el informe “Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social”, difundido a cuatro días del primer aniversario del inicio de las manifestaciones del 18 de octubre de 2019, la organización afirma que durante el mes y medio que siguió al estallido hubo “omisiones deliberadas” y “órdenes tácitas” de parte del mando estratégico policial que derivaron en abusos que buscaban acallar la extendida protesta social. El organismo analizó el periodo del 18 de octubre al 30 de noviembre.
“Los altos mandos de Carabineros (policía uniformada), incluidos el director general, el subdirector y el director de Orden y Seguridad, deben ser investigados penalmente por la Fiscalía debido a que tenemos contundentes elementos para considerar que a pesar de tener conocimiento de las graves violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo bajo sus órdenes… habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance para prevenirlas”, señaló en una rueda de prensa en línea Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desestimó por la tarde las acusaciones de AI. En un comunicado dijo que “el gobierno reitera con fuerza que no ha existido por parte de Carabineros una práctica o política premeditada o generalizada de uso de la fuerza con el fin o la intención de castigar a las personas manifestantes, como supone el Informe en base a antecedentes de limitado alcance”.
El estallido social del año pasado se produjo por un incremento a las tarifas del metro pero después reveló otras inconformidades de la población. Los disturbios provocaron daños e incendios en la mayoría de las estaciones del subterráneo y en supermercados, y fue seguido de protestas masivas que lograron algunas mejoras económicas para los más vulnerables y un amplio acuerdo político que convocó –para el 25 de octubre próximo– a un plebiscito en el que los chilenos decidirán si cambiar o no la Constitución legada por la dictadura militar (1973-1990).
Amnistía Internacional dijo que los máximos jefes policiales “habrían sabido de las violaciones a los derechos humanos a través de información pública y oficial” y por los reportes internos que recibían a diario.
“Igualmente, la Fiscalía (Nacional) debe deslindar todas las responsabilidades políticas e incluso penales de todas las personas que pudiendo evitar las violaciones a los derechos humanos, permitieron su ocurrencia día tras día”, indica el documento.
Las violaciones a los derechos humanos de los policías tras el estallido social también fueron criticadas a fines de 2019 por otros organismos internacionales como Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, dirigida por la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Los tres entes enviaron misiones a Chile para investigar los abusos.
El jefe de la policía, general Mario Rozas, limitó el uso de las escopetas antidisturbios un mes después del estallido, cuando ya había más de 300 manifestantes con lesiones oculares diversas, incluida Fabiola Campillay, que quedó ciega tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro cuando se dirigía a su trabajo. Campillay se conectó a la rueda de prensa y agradeció a Amnistía por “todo el apoyo de ustedes hacia nosotros y hacia las víctimas, también (las) del período presente”.
A comienzos de mes, un joven de 16 años que se manifestaba en las habituales protestas de los viernes en una céntrica plaza de Santiago que se reanudaron hace algunas semanas cayó al lecho de un río desde un puente de siete metros de altura. La fiscal Ximena Chong afirmó que el adolescente fue empujado por un policía.
En septiembre último, la Contraloría General de la República formuló cargos contra siete generales de la policía porque, supuestamente, no habrían garantizado el cumplimiento de los protocolos sobre el uso de la fuerza tras el estallido social.
La policía anunció que el próximo domingo, cuando se esperan nuevas protestas en el marco del primer aniversario del estallido social, desplegará 40.000 funcionarios a lo largo del país. La dotación policial total se estima en 60.000 agentes.
Con información de AP.
