Hermosillo, Sonora.- Para que en el Estado de Sonora se haga efectivo el derecho a la consulta libre, previa, informada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas, en la sesión ordinaria de hoy se presentó una iniciativa con proyecto de ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, así como dos proyectos de decreto en materia de salud y un proyecto de ley de fomento cooperativo.
Conforme al orden del día aprobado, correspondió en primer término a la diputada Rosa María Mancha Ornelas presentar su iniciativa en la que establece la importancia de que los pueblos y comunidades indígenas ejerzan su derecho a ser consultados de manera libre, previa e informada, mediante procedimientos aprobados y culturalmente pertinentes, y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles, con la finalidad de llegar a un acuerdo u obtener su consentimiento.
La legisladora recordó que desde el 16 de diciembre de 2010, el Estado cuenta con la Ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Sonora, la cual señala y reconoce una serie de derechos y prerrogativas constitucionales, dijo, pero tutela, de manera superficial, el tema de la participación de la comunidad indígena en la creación de políticas públicas o de acciones administrativas cuando les beneficien o les afecten.
Para este efecto, el Estado deberá celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos interesados, de conformidad con principios y normas que garanticen el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos sustantivos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales en la materia, señaló.
“Es indispensable que este Congreso de Sonora, con las facultades legales anteriormente señaladas, de manera pronta se avoque en aprobar los instrumentos legales y técnicos que hagan efectivo el derecho de los pueblos y comunidades en Sonora a ser consultados”, aseveró la diputada Mancha Ornelas.
La iniciativa se turnó para estudio a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Asuntos Indígenas, en forma unida, para enseguida tocar el turno al diputado Filemón Ortega Quintos, de presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud para el Estado de Sonora.
Expuso que para afrontar la situación extraordinaria que ha representado la pandemia por el COVID-19, en los últimos meses los ciudadanos han acatado medidas dictadas por el Consejo Estatal de Salud, del cual no hay claridad respecto a su integración y funcionamiento, ya que poco se sabe de los funcionarios que lo integran, ni de su forma de procesar y tomar decisiones.
Dicho consejo tomó decisiones que restringieron la movilidad de las personas y de la economía, agregó, lo que trajo como consecuencia el cierre de negocios y con esto, la pérdida de fuentes de trabajo, además cuestionó si esta fue una medida necesaria, lo que tal vez para unos sí lo fue pero para otros fue excesiva por lo extenso de la duración de las restricciones.
En su iniciativa propone, entre otros, adicionar un artículo 5° bis a la Ley de Salud para el Estado de Sonora, con el fin de definir al Consejo Estatal de Salud como un órgano colegiado, el cual tiene por objeto diseñar, aprobar y coordinar la ejecución, control y evaluación de políticas públicas para el óptimo funcionamiento del sistema de salud en Sonora.
Dicho consejo se integrará por el Gobernador del Estado, quien lo presidirá; el Secretario de Salud, quien ejercerá las funciones de Secretario Técnico; y como consejeros: el presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado y representantes de la Secretaría de Salud Federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, del ISSTESON, de la Comisión contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, con el carácter de invitado, y el Director General del Hospital General del Estado, destaca la propuesta.
La iniciativa será estudiada por la Comisión de Salud, misma dictaminadora a la que se turnó la iniciativa presentada por la diputada Miroslava Luján López, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Salud para el Estado de Sonora, con el objeto de que las personas que se han recuperado del COVID-19 sean solidarios y donen plasma para apoyar a quienes se encuentren en una situación de gravedad y puedan verse beneficiados.
Explicó que se trata de declarar como de interés público en el Estado de Sonora, la donación de plasma con fines terapéuticos a pacientes infectados por coronavirus por parte de pacientes recuperados, así como la promoción para dicha donación y el apoyo a los donantes para facilitar su traslado, alimentación o cuidado que requieran para llevar a cabo la donación.
“Las y los sonorenses siempre nos hemos caracterizado por nuestra solidaridad y empatía con las personas más necesitadas; que esta ocasión no sea la excepción y sigamos apoyando cada uno desde nuestra trinchera para salir delante de esta enfermedad, que desafortunadamente nos ha quitado un amigo, una hermana, un padre, una madre, una abuela, un abuelo, una hija o un hijo”, expresó.
La iniciativa propone adicionar en la Ley de Salud un capítulo II denominado: Del fomento a la donación de plasma con fines terapéuticos a pacientes infectados de COVID-19 por parte de pacientes recuperados, y los artículos del 154 bis I al 154 bis M.
El diputado Miguel Ángel Chaira Ortiz subió enseguida a la tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de ley de fomento cooperativo para el Estado de Sonora, con la que busca que, a través del trabajo cooperativo, se eleve el nivel de vida de los ciudadanos sonorenses a través de un sistema que fomente la creación de sociedades cooperativas en las diversas actividades productivas de la entidad, sostuvo.
El proyecto contiene cinco capítulos, el primero sobre disposiciones generales en el que se establece el objeto de la ley; define el fomento económico como el conjunto de normas jurídicas y acciones de gobierno, para la organización, expansión y desarrollo del sector y movimiento cooperativo, así como los principios que regirán las acciones de gobierno en la materia.
También establece las acciones de fomento cooperativo, entre las que destacan las jurídicas, administrativas y de carácter socioeconómico que tengan como fin abrir, conservar, proteger y expandir las fuentes de empleo en el sector social, procurando otorgar condiciones de factibilidad y su simplificación administrativa para su apertura, desarrollo y legal funcionamiento, y precisa las acciones de fomento para la organización social para el trabajo y el fomento regional.
Indicó que en el capítulo sobre el financiamiento del fomento de la actividad cooperativa se establece que el Gobierno del Estado destinará una partida presupuestaria para el fomento a la sociedad cooperativa, así como el establecimiento de exenciones de contribuciones a las que estén obligadas durante sus dos primeros años de existencia. La iniciativa se turnó a la Comisión de Fomento Económico y Turismo.
En el siguiente punto del orden del día, el diputado Jorge Villaescusa Aguayo presentó un posicionamiento en relación a su iniciativa con proyecto de ley de gobierno digital para el Estado de Sonora, en el que destacó que hoy el nombre del juego se llama innovación, que se hace presente no solo en los negocios, sino en todos los campos imaginables, desde los gobiernos, la política hasta la educación, pasando por la salud, la comunicación, la planeación urbana y el entretenimiento.
Expuso que según la Organización de Estados Americanos, OEA, el gobierno electrónico es la aplicación de las tecnologías de la información y conocimientos en el funcionamiento del sector público, con el objetivo de incrementar la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana.
“El gobierno digital consiste en ofrecer nuevas formas de valor público, y hacer que los servicios y los procedimientos gubernamentales sean de diseño digital por esencia, no por excepción. Esta definición expresa cómo las acciones de gobierno electrónico, a través de su enfoque innovador, que además pone énfasis en el desarrollo de un buen gobierno, implica alcanzar mayores niveles de eficacia y de eficiencia en el quehacer gubernamental”, externó.
Otro posicionamiento estuvo a cargo de la diputada Marcia Lorena Camarena Moncada, con motivo de la celebración, este 15 de octubre, del Día Internacional de las Mujeres Rurales, por lo cual reconoció la entrega y la importancia que han tenido las mujeres de las zonas rurales a través de la historia.
“Son ellas las que juegan un papel fundamental en el desarrollo de los países, ya que contribuyen a la seguridad alimentaria y por lo tanto a la erradicación de la pobreza. Esta fecha fue establecida en diciembre de 2009 por la Organización de las Naciones Unidas, que reconoció el rol tan valioso que desempeñan las mujeres rurales, incluidas las mujeres indígenas en el mundo”, afirmó.
La próxima sesión del Pleno se citó para este jueves 15 de octubre, a las 11:00 horas y será presencial.
