Hermosillo, Son.- Ante el notable incremento de personas desaparecidas en la entidad, especialmente jóvenes del sexo femenino, la LXII Legislatura de Sonora emitió una declaratoria de emergencia humanitaria para que las autoridades correspondientes atiendan y destinen los recursos humanos y presupuestales necesarios para hacerle frente a este fenómeno social.
Durante la sesión ordinaria del Pleno, la cual se realizó de manera virtual en base al Acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, aprobado el pasado 6 de octubre, el diputado Filemón Ortega Quintos expuso que las autoridades correspondientes deben voltear a ver, con la seriedad que amerita cada caso, el problema de la desaparición forzada de personas en el Estado de Sonora.
“La desaparición forzada de personas es un tema por todos conocido, sobre todo por las recurrentes noticias que salen a la luz pública en los diarios de mayor circulación y en las redes sociales. Ahora bien, dentro de esta problemática, destaca de manera particular la desaparición de personas jóvenes del sexo femenino, problema que ha carecido de la atención institucional que merece”, aseveró.
Por ese motivo deben implementarse las medidas de atención y solución necesarias y suficientes que permitan llevar a buen puerto, en la medida de lo posible, las acciones gubernamentales en torno a la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas y se ponga especial énfasis, sin discriminar la generalidad en la diversidad de personas, en los casos de mujeres jóvenes que ha registrado un crecimiento notable en este rubro, sostuvo el legislador.
En el Acuerdo, que se aprobó por mayoría del Pleno, se exhorta a la titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado para que implemente las siguientes acciones: iniciar o, en su caso, continuar con la búsqueda de personas desaparecidas; identificación de cuerpos localizados en fosas clandestinas; informar de manera inmediata a los familiares sobre cualquier dato relacionado con la víctima desaparecida; y brindar la ayuda necesaria a las víctimas colaterales.
También establece conformar una mesa de trabajo para atender la emergencia humanitaria en el Estado de Sonora, que esté integrada por la Fiscalía, el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, los integrantes de las comisiones Primera y Segunda de Hacienda del Congreso, y la Secretaría de Hacienda del Estado, con la finalidad de que se establezca un presupuesto adecuado para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas.
En el desarrollo de la sesión ordinaria, la asamblea aprobó el Decreto con las propuestas de planos y tablas de valores de suelo y construcción presentadas por diversos ayuntamientos para el ejercicio fiscal 2021 y que fueron dictaminadas por la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales.
Fueron 52 ayuntamientos los que presentaron propuestas al Poder Legislativo, mismas que servirán de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, cuyas tasas y tarifas estarán contempladas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos de cada Municipio para el ejercicio fiscal del próximo año.
Los 19 municipios que no presentaron propuestas son: Arivechi, Bacadéhuachi, Bacoachi, Cananea, Cucurpe, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, Guaymas, Ímuris, Ónavas, Puerto Peñasco, Quiriego, Rosario, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Tubutama y Yécora, a los cuales se les aplicará el supuesto establecido en el Artículo 51 de la Ley Catastral y Registral para el Estado de Sonora, que establece que en dichas localidades continuarán vigentes los anteriores y sus valores se incrementarán a partir del 1° de enero del siguiente año.
“No obstante las precisiones hechas en la presente consideración, en el seno de la reunión mencionada se asumió el compromiso por los integrantes de esta comisión, para establecer un mecanismo jurídico en las 72 leyes de ingresos municipales que serán sometidas próximamente a la consideración de este Poder Legislativo, para que el cobro del Impuesto Predial relativo al ejercicio fiscal 2021 no represente incrementos sustanciosos, cuidando de esta manera la economía de los contribuyentes sonorenses”, destaca el Decreto al que dio lectura el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano.
Aprueban acuerdos y turnan iniciativas a comisiones
El mismo legislador presentó una iniciativa con punto de Acuerdo por el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar al Secretario de Salud Pública del Estado, con el objeto de que en el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2021, a presentarse durante la primera quincena de noviembre, considere en el ramo de salud la proyección de recursos para la implementación de un módulo de urgencias en el Centro de Salud Urbano Guaymas Norte.
Expuso que en diversas reuniones que ha sostenido con vecinos de ese sector del Municipio, le han comentado sobre la carencia de un módulo de urgencias que es necesario, ya que en ocasiones tienen que llevar a los pacientes en sus vehículos o con ayuda de otros vecinos a los diversos hospitales de Guaymas.
Guaymas Norte comprende más de 20 colonias y tiene una población adulta de aproximadamente 20 mil personas, dijo, lo cual representa la sexta parte de los habitantes del Municipio, además de ser un sector en constante crecimiento en todos los sentidos, ya que las familias jóvenes se trasladan a ese punto de la ciudad en busca de mejores condiciones de vida.
En esta plenaria, el diputado Norberto Ortega Torres presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Ganadería para el Estado de Sonora y a la Ley de Hacienda del Estado.
En el primero de los ordenamientos propuso eliminar la facultad al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Alimentación, SAGARHPA, de determinar las tarifas por los servicios que presta el Comité de Inspección Pecuaria, mientras que en el segundo ordenamiento propuso incluir, dentro del Título Cuarto, denominado De los Derechos, las tarifas por los servicios que presta el comité, que son las mismas que actualmente se cobran.
“De esa manera se elimina el vicio de inconstitucionalidad que actualmente se actualiza por el hecho de que no es en Ley en donde se establecen las tarifas por el cobro de derechos y la invasión de competencia que hace el titilar de la Secretaría antes aludida”, aseveró.
La iniciativa se turnó para estudio a las comisiones Primera de Hacienda, y de Fomento Agrícola y Ganadero, en forma unida, en tanto la Comisión de Minería estudiará la iniciativa presentada por la diputada Nitzia Corina Gradías Ahumada, quien propuso que este Poder envíe un exhorto al Congreso de la Unión, a efecto de que se reconsidere la intención de desaparecer los recursos del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera dentro del proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan disposiciones a diversas leyes.
“Los cambios que el Ejecutivo Federal pretende realizar en la gestión del fondo minero, cualesquiera que sean, su desaparición o modificación a su naturaleza de apoyo a los municipios, pudiera ser un tipo de centralización sobre la gestión pública, donde el gobierno del Municipio y de la entidad federativa minera, pierden parte de su autonomía como gobierno local y como representantes en los comités que aprueban los proyectos de inversión física”, expresó.
Esto va en contra del desarrollo municipal, al interferir con la descentralización de la gestión de los recursos públicos y por lo tanto el gobierno local pierde campo de acción, la cual es primordial para el desarrollo municipal, indicó la legisladora.
Sobre esta propuesta se registraron las intervenciones a favor de los diputados Fermín Trujillo Fuentes y Carlos Navarrete Aguirre, mientras en contra se pronunciaron los legisladores Miguel Ángel Chaira Ortiz, Gricelda Lorena Soto Almada, Rosa María Mancha Ornelas y Héctor Raúl Castelo Montaño, quienes argumentaron que sólo desaparecen los fideicomisos pero los recursos irán a donde tienen que llegar.
Como la propuesta no recibió las dos partes de los votos para que fuera considerada de urgente y obvia resolución, el asunto se turnó a la comisión antes referida.
La próxima sesión del Pleno se citó para el martes 13 de octubre, a las 10:00 horas y será de manera presencial.
