Cerca de mil 300 integrantes de la caravana migrante ingresó a territorio guatemalteco, según el instituto migratorio del país centroamericano.
Las autoridades dispusieron de una barrera policial que fue superada por la marcha. Las leyes para prevenir el coronavirus obligan a presentar una prueba PCR o de antígenos que demuestre que no se padece COVID-19. Sin embargo, los migrantes lograron romper la barrera de policías.
Esta nueva caravana migrante con destino a Estados Unidos partió en la madrugada del miércoles desde la estación metropolitana de San Pedro Sula, Honduras. Un grupo de unas 900 personas (según datos del Instituto Guatemalteco de Migración) y se dirigieron a la frontera El Corinto, la más cercana a la costa del Caribe, que une Honduras con Guatemala. Al mismo tiempo, otro grupo de unos 200 integrantes permaneció en la estación con el propósito de ponerse en ruta al amanecer. La marcha se convocó a través de mensajes en redes sociales como Facebook y grupos de Whatsapp.
Se trata de la segunda caravana de migrantes que se organiza durante este año, pese a la pandemia por COVID-19. De hecho, el acceso terrestre a Guatemala apenas se reabrió el pasado viernes 18 de septiembre. Además, esta convocatoria llega a poco más de un mes de las elecciones en Estados Unidos en las que el presidente Donald Trump se juega la reelección contra el demócrata Joe Biden.
A última hora de la noche no había reportes de que agentes de la Policía hondureña trataran de obstruir el paso de los migrantes, cuyo grupo más rezagado transitaba por la colonia López Arellano, una barriada popular de San Pedro Sula con fuerte presencia de pandillas.
Las autoridades migratorias guatemaltecas, país que deben atravesar los migrantes antes de llegar a México, anunciaron que se habían establecido diversas coordinaciones para “atender” la caravana sin especificar si les permitirá el paso. Los países del C4 (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua) disfrutan de un régimen de libre tránsito entre ellos presentando el documento de identidad. Ahora debido a la pandemia el control fronterizo se ha endurecido y para el ingreso Guatemala exige prueba de no padecer COVID-19 (PCR o antígeno). No obstante, existen muchos puntos ciegos por donde los migrantes están acostumbrados a transitar.
El Instituto Nacional de Migración (INM) emitió un comunicado en el que desmintió “cualquier aseveración sobre regularizar el paso de caravanas de personas migrantes indocumentadas por la frontera sur del territorio nacional, como se difunde en redes sociales”.
“El INM no promueve caravanas de personas nacionales y extranjeras por México”, dice el comunicado, que no da detalles sobre el previsible despliegue de Guardia Nacional en la frontera.
La última marcha de estas características llegó al sur de México entre el 18 y el 23 de enero de este año. Cerca de 4 mil migrantes trataron de cruzar por las fronteras de El Ceibo, Tabasco, y Ciudad Hidalgo, Chiapas en diferentes jornadas, pero las caravanas fueron disueltas. En todos casos los migrantes fueron detenidos, encerrados en estaciones migratorias y posteriormente deportados.
En aquel momento el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existían empleos en México para aquellos que lo desearan. Sin embargo, la oferta se limitó a ser retornados a sus países y esperar a que se pusiera en marcha en Honduras y El Salvador los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Como Animal Político reveló, el dinero destinado a esos proyectos todavía no ha salido de México.
Las caravanas migrantes se en una fórmula para tratar de alcanzar Estados Unidos que tuvieron su auge en octubre y noviembre de 2018, cuando todavía estaba en la presidencia Enrique Peña Nieto. Entonces, miles de personas (al menos siete mil según las autoridades de Suchiate, en Chiapas), en su mayoría procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala, atravesaron México hasta llegar a Tijuana, Baja California, con intención de cruzar Estados Unidos.
En enero de 2019, con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno, más de 15 mil centroamericanos que integraban la primera caravana de aquel año recibieron tarjetas de residente por motivos humanitarios.
Las presiones de Donald Trump hicieron girar la política migratoria de México. En junio, el canciller Marcelo Ebrard firmó un acuerdo por el que se comprometió a frenar el flujo hacia el norte. Desplegó 6 mil integrantes de la Guardia Nacional en el sur y aceleró la implantación del programa “Quédate en México” que obliga a solicitantes de asilo en Estados Unidos a quedarse en ciudades como Tijuana, Juárez, Nuevo Laredo o Matamoros esperando hasta su cita con el juez. Más de 65 mil personas fueron incluidos en este programa, que posteriormente incluyó a Guatemala, Honduras y El Salvador como “terceros países seguros”.
En enero de este año la situación fue bien diferente a 2019 y los migrantes fueron interceptados, detenidos y deportados.
La pandemia por COVID paralizó los flujos migratorios. Estados Unidos decretó el cierre de fronteras y suspendió las garantías legales, cerrando la posibilidad de pedir asilo e imponiendo un modelo de deportación exprés. Este sistema sigue funcionando en la actualidad.
