La autoridad local y el COVID-19

“No puede el médico curar bien sin tener presente al enfermo” (Séneca).
De repente la idea de muerte nos asalta en las cifras de la mortalidad acumulada por razones de pandemia en México, en Sonora y en nuestro municipio. Vemos pasar en nuestra mente la fea escena de nuestro funeral, desangelado, desnutrido, con una sala vacía o casi, en una funeraria que tiene su futuro garantizado gracias a mí y a otras víctimas del coronavirus, entre otros motivos que benefician al negocio de las inhumaciones y las cremaciones.
En nuestro pujante y siempre progresista estado vemos con cierta simpatía la forma en que se ha abordado el “tema” de la epidemia y cómo ha pasado al nivel de problema cuando la cifra de desaparecidos de la faz del censo poblacional por COVID-19 se ha acelerado.
Se nos olvida que en una epidemia hay contagiados y muertos, de suerte que el azoro y el miedo son sospechosos de formar parte de un proceso de inducción donde el principal promotor somos nosotros mismos. Usted seguramente recuerda que el número de muertes por gripe estacional llegan a 650 mil cada año, y la vida sigue sin despeinarse ni rasgarse las vestiduras, sin embargo nos dejamos llevar por la epidemia de moda y todos en mayor o menor medida nos apuntamos en la lista de candidatos a respiración asistida por medios invasivos (intubación) o en la relación de las esquelas del día.
Iniciamos con una virulenta actividad de las autoridades locales donde la clave del éxito fue escupir noticias alarmantes, con acercamiento de cámaras a lo terrible de la situación mundial y nacional y lo horripilante que podría ser la epidemia local, así que puestos a defender el pellejo sonorense se empezaron a dictar medidas que algunos ayuntamientos, silvestres en estos menesteres, exageraron al usar sin prudencia la palabra “obligatorio” y a prohibir lo primero que se les puso enfrente.
Con la premisa de que “para qué sirve gobernar si no puedo prohibir y obligar” se impusieron filtros policiacos, se levantaron multas y se amenazó con sanciones que fuera de la burbuja municipal son violatorias de derechos ciudadanos, incluso se decidió obligar el uso general de los cubrebocas, con sanciones para quien incumpliera el capricho municipal.
Lo curioso del caso es que varios integrantes de eso que llamamos “autoridad”, debidamente presentados con la cara semioculta por el trapito con orejeras, salieron positivos a COVID-19, lo que resulta una revelación del karma generado por la necedad de declarar obligatorias normas que surten efecto solamente en condiciones específicas.
Ahora nos encontramos con una alcaldesa que reconoce la inutilidad de obligar a la gente a hacer cosas que no quiere, y que necesita salir a trabajar y que cada uno se debe cuidar según pueda, mientras que el Consejo Estatal de Salud instruye a los municipios para que tomen las medidas que crean convenientes para, entre otras cosas, abatir la movilidad y hacer que los dueños o encargados de negocios exijan el uso del trapito de marras (Proyecto Puente, 07.06.20).
Ahora repentinamente se delega a los presidentes municipales la facultad que tienen los gobernadores como autoridades sanitarias, de acuerdo con el artículo 4, fracción IV de la Ley General de Salud: “Son autoridades sanitarias: I. El Presidente de la República; II. El Consejo de Salubridad General; III. La Secretaría de Salud, y IV. Los gobernadores de las entidades federativas, incluyendo el del departamento del Distrito Federal”, lo cual es una aparente tirada de toalla y una declaración de “ahí se la echan”.
La estrategia de descentralizar funciones y responsabilidades siempre ha sido popular en tiempos de no saber qué hacer ante problemas que requieren soluciones y abordajes reales, lo que no es criticable salvo que se quiera hacer pasar por soluciones ejecutivas y no como una patada en el bote de las responsabilidades que sólo corresponden al Ejecutivo estatal, de acuerdo con la Ley General de Salud.
Por otro lado, se está teniendo claro que las medidas restrictivas como actos de autoridad no sirven para nada y que el estado de sitio total, parcial o disimulado tampoco, así que las autoridades deberán hacer borrón y cuenta nueva y prestar atención al carácter voluntario que deben tener las medidas que se adopten, de acuerdo con las disposiciones federales dictadas desde el principio de la emergencia.
Los hechos demuestran que la verticalidad puede ser útil y recomendable como posición de los postes de la luz, no así en medidas de autoridad que afectan a la comunidad. ¿Le suena conocida la expresión de que nada por la fuerza y todo por la razón?, pues parece que algunos funcionarios locales la empiezan a reconocer.
A estas alturas del coronavirus nos encontramos con una nueva amenaza para la salud ambiental, en forma de las cada vez más mascarillas o cubrebocas, guantes y envases de gel-alcohol que terminan en las calles o cualquier basurero improvisado, lo que se añade a los males de la ciudad y al deterioro del ambiente.
Así pues, tanto las disposiciones producto del alarmismo y la ignorancia como el descuido de quienes buscan protegerse de la enfermedad le hacen el caldo gordo a la epidemia, lo que demuestra que de ninguna manera estamos preparados para afrontar con sensatez este tipo de eventualidades.
Cabe esperar que las autoridades locales presten atención a la prevención y al fortalecimiento de las instituciones de salud, lo que equivaldría a dejar de quitarles recursos e invertir en más instalaciones, equipo, personal, materiales de curación, medicamentos, capacitación y, sobre todo, mecanismos de control del gasto, porque la epidemia que hemos heredado de la etapa neoliberal se sigue llamando corrupción, de lo que el Isssteson es un buen ejemplo. Y hay que aplanar la curva.
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