La administración del presidente Donald Trump elevó nuevamente el tono de su estrategia contra el narcotráfico al advertir que funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales podrían convertirse en objetivos directos de las investigaciones y acciones impulsadas por Washington.
La declaración fue realizada por Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés), durante una entrevista en el programa American Thought Leaders, donde afirmó que el gobierno estadounidense mantiene el foco sobre funcionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y sus facciones conocidas como Los Mayos y Los Chapitos.
“Si él dice: ‘Vamos por ustedes. Si no cooperas con nosotros, los vamos a poner en la mira y se van a arrepentir’; entonces la pregunta es: ¿quieren cooperar? Sí o no”, expresó Carter al referirse a la postura del presidente Donald Trump.
La funcionaria sostuvo que el gobierno mexicano conoce la forma de actuar del mandatario estadounidense y aseguró que su administración ha cumplido las acciones anunciadas en materia de combate a los grupos criminales.
Entre los resultados de la cooperación bilateral, Carter destacó órdenes de captura, extradiciones y operaciones de inteligencia realizadas en coordinación con autoridades mexicanas. Asimismo, señaló avances en acciones dirigidas contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
“Lo hicimos mediante nuestro trabajo de inteligencia, pero aprovechando la colaboración de la Guardia Nacional mexicana”, afirmó.
Las declaraciones se producen semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara una acusación formal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Según la acusación, los señalados habrían conspirado con líderes de la organización criminal para facilitar operaciones de narcotráfico a cambio de apoyo político y sobornos.
Entre los funcionarios mencionados en la acusación estadounidense figuran también el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los acusados facilitaron actividades del Cártel de Sinaloa y protegieron a integrantes de la organización criminal, señalamientos que han sido rechazados públicamente por Rocha Moya, quien calificó las acusaciones como infundadas y de carácter político.
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La postura expresada por Carter confirma que la estrategia de Washington ha evolucionado de perseguir exclusivamente a líderes del narcotráfico a investigar también a funcionarios públicos presuntamente vinculados con estructuras criminales, una política que ha incrementado la tensión entre ambos países y que podría marcar una nueva etapa en la cooperación bilateral en materia de seguridad.
