Columna Contra las cuerdas
Ni Díaz Ordaz planeó allanar propiedades como propuso Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de Morena, con el supuesto de conocer la desproporción de la igualdad y riqueza en el país para avanzar en el estado de Bienestar.
El coordinador de Morena en el Senado, salió a deslindarse de la propuesta del diputado con licencia. Las palabras de Ricardo Monreal a través de un mensaje de video, deben leerse entre líneas.
“Se ha generado confusión y polarización, un manifiesto del presidente de Morena implica una propuesta que aún no se discute en las bases políticas de Morena y que habla sobre la progresividad fiscal”, dijo al asegurar que en el grupo legislativo del Senado no hay ninguna iniciativa para otorgar nuevas facultades al INEGI o al SAT.
Parece que hay una estrategia sistemática del partido en el poder para aprovecharse de la pandemia. La propuesta de Morena, de acuerdo con la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, contraviene diversas disposiciones de la Constitución como el artículo 16 que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o pensiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De igual forma viola los artículos 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su domicilio.
Ramírez Cuellar, ¿De cuál fumó?
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Controversia por fuerzas armadas
Desde la municipalidad será contraatacado el decreto presidencial que dispone de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública.
La Suprema Corte deberá pronunciarse sobre si acepta o no el recurso de controversia constitucional anunciada ayer por la alcaldía de Colima a cargo de Leoncio Morán.
El argumento sostiene que la decisión del presidente invade la competencia que tienen los municipios en materia de seguridad pública –establecida en el artículo 115 constitucional—al intervenir las Fuerzas Armadas, sin haberlo solicitado el Presidente Municipal.
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Uppercut: Los ventiladores para atender enfermos de COVID-19 siguen exhibiendo la miseria política de nuestros representantes populares. Primero fue el hijo de Manuel Bartlett, luego Rocío Nahle y ahora la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. Debe ser investigada luego de burlarse de sus paisanos, pues adquirió, con recursos públicos, 12 respiradores artificiales para donarlos a la secretaría de Salud estatal, pero resulta que de inmediato se los regresaron porque son usados y reconstruidos y no cuentan con ninguna certificación y garantía de estar libre de agentes infecciosos. Pobre Puebla, una vergüenza y despreciable política más.
