La renuncia de Morena a la mitad de sus prerrogativas demuestra que es posible solidarizarse con la sociedad sin violar la ley, y obliga a los demás partidos a repensar su estrategia de sólo hacer política basada en el dinero.
Morena acaba de renunciar al 50 por ciento de las prerrogativas que le corresponden en 2020 para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, dando con eso un paso adelante hacia una posible reducción de los costos de la política.
El partido fundado en 2014 por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la austeridad el principal eje de su discurso. Lo hizo en campaña, como una promesa que le consiguió millones de votantes en 2018, y lo hace ahora en el gobierno, con políticas públicas que no siempre han arrojado los resultados esperados.
La renuncia a la mitad de los más de mil 600 millones de pesos que le corresponden al partido mayoritario abre la puerta para que otros partidos puedan tomar la misma medida de manera formal y legal, pues esta vez no fue una decisión solitaria de una dirigente en medio de una campaña por el liderazgo interno del partido, ni una ocurrencia de AMLO ejecutada mediante figuras no reconocidas en la ley electoral, como el fideicomiso de 2017.
Es cierto, la Constitución y las leyes electorales prohíben a los partidos “donar” sus cuantiosas prerrogativas, por más noble que sea la causa, pues se trata de recursos etiquetados que solamente pueden destinarse a fines partidistas.
Pero esta vez Morena decidió andar la ruta que desde 2017, en el marco de la emergencia nacional por los sismos de septiembre, el INE ofreció a los partidos para destinar recursos a la reconstrucción y mostrar así su solidaridad con la sociedad.
Esta vez, Morena se fue por la vía legal, y consiguió que el Consejo General del INE aprobara tres acuerdos el pasado viernes:
Uno, para acatar la sentencia del Tribunal Electoral, que declaró improcedente la renuncia hecha por Yeidckol Polevnsky en diciembre, cuando acudió en solitario al INE para entregar una carta renunciando a la mitad del financiamiento del 2020, pero sin el aval de los órganos directivos de Morena.
Un segundo acuerdo, para dar entrada a la solicitud formal hecha por Alfonso Ramírez Cuéllar (dirigente interino) para que, entre mayo y diciembre, se descuenten 103 millones de pesos de las ministraciones mensuales que recibiría el partido este año, para sumar 826.9 millones de pesos, equivalentes al 50 por ciento del financiamiento público que le corresponde al partido para sus actividades ordinarias.
Y un tercer acuerdo en el que se faculta a la Secretaría Ejecutiva del INE a tramitar ágilmente las posibles renuncias futuras de partidos políticos a la mitad o a una parte de su financiamiento, en el marco de la contingencia económica ligada a la emergencia sanitaria nacional por COVID-19.
¿Alguien más dijo yo?
La renuncia a las prerrogativas por parte de Morena se da en un contexto de emergencia nacional, pero es parte de una agenda impulsada desde el comienzo del sexenio, y que no se ha podido concretar en el Congreso: la de reducir los recursos que anualmente se destinan a los partidos políticos.
La iniciativa para que eso ocurra la presentaron Mario Delgado y Tatiana Clouthier desde marzo de 2019, y consistía en reducir a la mitad el factor con el que se calculan anualmente los montos de financiamiento público.
La Constitución señala, en su artículo 41, que el financiamiento para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (antes Salario Mínimo).
No es un monto que establezca el INE, el gobierno o los diputados, sino una fórmula constitucional creada hace más de 20 años que, al estar ligada al padrón electoral y a la UMA, ha crecido y seguirá creciendo constantemente.
Con un padrón electoral de 90 millones 841 mil ciudadanas y ciudadanos, y la UMA en 84.49 pesos, el monto global para 2020 se elevó a 5 mil 239 millones de pesos, que se reparten entre los partidos mediante otras fórmulas, en las que recibe más el que más votos obtuvo en la elección federal más reciente.
Clouthier y Delgado sugerían reducir el porcentaje de la UMA a 32.5 por ciento, con lo que la bolsa anual se haría más pequeña. Pero los demás partidos, incluidos sus aliados legislativos PT, PES y PVEM, rechazaron la iniciativa.
Con más del 20 por ciento de la votación nacional en 2018, Morena es hoy un partido rico, que renuncia a casi 827 millones de pesos, equivalentes a lo que tiene programado recibir el PRI en 2020 (856 millones de pesos), lo doble de lo del PRD (418 millones de pesos), y poco menos de lo que recibirá el PAN (908 millones de pesos).
Morena renuncia a montos que no está acostumbrado a administrar. Es un partido que, entre 2015 y 2017, ejerció menos de 900 millones de pesos en prerrogativas, y que en 2018 ganó la Presidencia y el Congreso con un financiamiento público de 414 millones de pesos, más 207 millones para gastos de campaña. Menos de la mitad de lo que recibieron en ese año el PRI (mil 600 millones de pesos) y el PAN (mil 200 millones de pesos).
Como candidato a la Presidencia, López Obrador reportó al INE el ejercicio de 187 millones de pesos, contra 365 millones de Ricardo Anaya y 324 millones de José Antonio Meade.
Morena no ganó la Presidencia, el Congreso, cuatro gubernaturas y cientos de ayuntamientos y diputaciones locales gracias al dinero. Ganó porque su líder convenció a más de 30 millones de personas.
Hoy, en el poder, el partido-movimiento está renunciando a una bolsa multimillonaria que deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación, para que el Ejecutivo decida en qué se gastan esos recursos, aunque se intuye que deberán irse al Sector Salud.
Es cierto que para un partido en el poder es fácil proponer reformas constitucionales para reducir el financiamiento público. Lo propusieron el PAN en 2007 y el PRI en 2013. Pero nunca un partido en el poder había pedido formalmente al INE retenerle la mitad de sus prerrogativas.
Los partidos hoy en la oposición (PRI y PAN), que durante años han recibido cuantiosos recursos, rechazan la propuesta de Morena porque no confían en que el Ejecutivo los destine realmente a la emergencia sanitaria, y porque advierten que en la reducción del financiamiento público puede estar la clave para su aniquilamiento.
Son partidos acostumbrados a hacer política sin límites presupuestales.
Quizás valdría la pena que aprovechen esta coyuntura para aprender a conquistar el voto ciudadano sin necesidad del dinero, y para volver a ser empáticos con la ciudadanía.
Renunciar a una parte proporcional de su financiamiento, sin poner en riesgo su viabilidad, sería un buen comienzo.
