Proveedores vendían al gobierno medicina para el VIH de la década de 1980, acusa Secretaría de Salud

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).– Hugo López-Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud, reveló esta mañana que algunos proveedores vendían al Gobierno federal medicamentos para el VIH que se inventaron desde la década de 1980, los cuales ya están en desuso a nivel mundial y en México se seguían utilizando.
En conferencia de prensa, explicó que las autoridades vieron en 2019 cómo se perturba intencionalmente el proceso de las licitaciones públicas para la compra de medicinas, ya que hubo proveedores que intentaron “este tipo de maniobras”.
Para ejemplificar la problemática, el funcionario habló de los medicamentos para el VIH, cuyo esquema de tratamiento en México está definido de acuerdo con una línea de manejo. En el caso de los adultos, tenía 38 medicamentos, y de éstos se contaban con esquemas de más de 750 combinaciones para tratar a los pacientes.
“La combinación de medicamentos nos habla del enorme desorden para el uso de tratamiento del VIH porque son no adecuados. En muchos casos encontramos uso de medicamentos antiguos, encontramos el uso del primer medicamento contra el VIH que se inventó o se descubrió al inicio de los años 80. Es un medicamento que ya está en desuso a nivel mundial y en México se seguía utilizando”, dijo.
Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Salud aclaró que esa situación les permitió ver que no se trataba de “un acto casual”, pues empezaron a notar patrones de distribución en el territorio mexicano, donde no había combinaciones adecuadas en muchas regiones.
Por ello, indicó, se cuestionaron cómo podía existir una guía nacional y una compra nacional de medicamentos de VIH si se usan de una manera o de otra.
“¿Qué encontramos? Que existían presiones por parte de intermediarios de la industria farmacéutica. Descubrimos que una cosa era quienes fabricaban los medicamentos y muy pocas que las distribuían. Ellas tenían amarrados con convenios de exclusividad a las distintas compañías que fabrican los medicamentos”, detalló.
De esta forma, precisó López-Gatell, las distribuidoras ejercían presiones a los médicos que recetaban específicamente los medicamentos retrovirales. Asimismo, aclaró que las compras siempre se han hecho a nivel nacional, sin embargo, éstas no hacían sentido con las cantidades de lo que pedían en cada estado.
“En mayo modificamos por completo el esquema de tratamiento en el VIH. Primero definimos que queríamos los mejores medicamentos, los más efectivos, los más seguro; segundo, identificamos cuántas personas podrían tener este esquema ideal de medicamento y resulta que había muchísimos más de los que se estaban aprovechando”, informó.
Frente a los medios de comunicación, agregó que “médicamente uno se puede encontrar que algunos pacientes tienen problema de salud que no permiten usar el mejor, sino una combinación alternativa. Así concentramos la demanda y negociamos el volumen. Ahora pedimos 60 mil de medicamento ideal. Logramos una reducción de 67 por ciento del costo original de este medicamento”.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que el año pasado tuvieron que enfrentar unos problemas de desabasto porque hubo resistencia, ya que “quisieron forzarnos a dar marcha atrás en la compra consolidada de los medicamentos”.
“¿Qué es lo que hacen? Le llaman claves a los medicamentos. Se licitan mil 200 claves y resulta que se ofrecen 800 claves, quedan 400. Al momento de que ya se hizo esa licitación, lo que se hacía era asignación directa de los contratos y el precio de esos medicamentos ya se elevaba hasta tres veces”, apuntó.
El mandatario agregó que fue entonces que a través de la Oficialía Mayor, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió dónde comprar los medicamentos que faltaban. Algunos se trajeron de Francia.
“Incluso se tuvieron que comprar medicamentos en Francia y lo vamos a seguir haciendo si se necesita, y si no hay de que se pongan de acuerdo y no quieran vendernos como en el caso de medicinas para enfermos con VIH/sida o para niños enfermos de cáncer”, finalizó.
En septiembre pasado, fuentes del Gobierno de México dijeron a SinEmbargo que la empresa farmacéutica Pisa “indujo a un desabasto de medicamentos” como los que usan niños con cáncer para “chantajear” a las autoridades sanitarias federales.
En abril de 2019 se detectó un brote de Leclercia Adecarboxylata en 15 hospitales de Guadalajara, Jalisco. Esto obligó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a cerrar siete de 17 plantas de la empresa Central de Mezcla Productos Hospitalarios SA de CV, una filial de Pisa. Para mayo, fueron 69 brotes infecciosos que empezaron en el Hospital del Niño Poblano; dos menores de edad, por desgracia, murieron por reacciones adversas a causa del metotrexato. Cofepris sometió a revisión un lote. Prisa o sus filiales están vinculada a ambos casos.
Pero la farmacéutica, señalaron las fuentes, aprovechó que controla distintos segmentos de la industria médica para ejercer presión al Gobierno federal. “Provocó un desabasto de ciertos medicamentos”, explicaron. Altos funcionarios federales interpretaron esto como que Pisa pretende doblegar a las autoridades sanitarias para que las investigaciones no la afecten.
La escasez de metotrexato, que es utilizado en el tratamiento para el cáncer, llevó a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la de Salud a realizar compras directamente a un laboratorio de Francia, después de revisar que no hubiera existencia en el resto de la industria nacional.
El pasado 21 de septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo confirmó así en Oxchuc, Chiapas: “Quisieron boicotear no entregando, no vendiendo la medicina que se necesita para curar a los niños de cáncer y pensaban que nos iban a doblegar. ¿Qué hicimos?, ya se compró la medicina en Francia, ya llegó la medicina que se compró en el extranjero para que no falten los medicamentos”.
“La industria farmacéutica está muy enojada. Nos dijeron que estaba acostumbrada a hacer estas compras como en el pasado. No estamos en guerra con la industria, pero se le tenía que poner un alto. Antes, todo esto se solucionaba con corrupción”, comentó una de las fuentes oficiales consultadas. Dijo que sólo con la revisión del 21 por ciento de las compras ya se logró un ahorro de más de 5.4 mil millones de pesos, lo que a la autoridad le dice de qué tamaño eran los acuerdos irregulares entre algunos actores de este poderoso sector, y entes gubernamentales.
El pasado 21 de septiembre, de gira por Yucatán, López Obrador dijo que tres empresas “con influencias” bloquearon la entrega de los medicamentos para niños con cáncer. Entonces habló de tres empresas.
“Tres empresas vendían todos los medicamentos, tres empresas que ni producían los medicamentos, pero tenían influencias, andan queriendo jugar a las vencidas. Nos quisieron boicotear al no entregar las medicinas para los niños con cáncer”, afirmó el mandatario.
De acuerdo con las fuentes consultadas entonces por SinEmbargo, el Gobierno federal se ha enfrentado a un intento de boicot de la industria, pero también de lo que al interior de los altos funcionarios se denomina “duende”, es decir, funcionarios e incluso personal médico que participa, por intereses propios, en distintos niveles de chantaje.
Por ejemplo, retrovirales fueron robados al parecer de manera coordinada hasta en centros hospitalarios. Se registró un ataque a un vehículo con medicamentos que fueron dañados deliberadamente; también han detectado, y esto los ha alarmado, cambios en órdenes de compra.
Sobre esto último, las fuentes detallaron que salía una orden de compra muy específica y dentro de oficinas de Gobierno eran modificadas para adquirir medicamentos viejos de las farmacéuticas o bien cantidades exorbitantes de alguno cuya compra no estaba siquiera justificada.
El caso de la farmacéutica Pisa es el que tiene más ocupado al Gobierno federal en este momento, aunque no es el único. Se tiene conocimiento que la escasez de metotrexato, medicamento que se usa para la mezclas oncológicas, fue provocada. La misma empresa tenía guardadas 17 mil dosis que no puso en el mercado para ejercer presión contra el Gobierno.