“Los políticos menores abandonan su función de representantes y se convierten en una especie de “pajecitos de novia”: siempre presentes para cuidar que la cola del vestido no arrastre, repartir flores y evitar que alguien incomode a quien ocupa el centro de la ceremonia.”
Todo comienza con un deseo legítimo: conquistar el poder. Un partido presenta una propuesta, convence a los ciudadanos, gana una elección y recibe un mandato para gobernar. Hasta ahí, la democracia funciona. El problema empieza después, cuando el gobernante confunde la legitimidad que le dieron las urnas con una autorización para ejercer el poder sin límites.
En una primera etapa, los contrapesos resultan incómodos. El Congreso pregunta, cuestiona, modifica presupuestos, rechaza iniciativas y exige explicaciones. Los organismos autónomos, cuando conservan su independencia, establecen límites. Los jueces revisan la legalidad de las decisiones. La prensa investiga y la oposición critica. Para quien gobierna, todo ese entramado puede parecer una dificultad irritante; en realidad, constituye el sistema de seguridad de la democracia.
Pero existe una tentación recurrente: dejar de convencer y comenzar a controlar. Entonces se trabaja para construir congresos a modo, debilitar instituciones, desacreditar a los jueces y convertir al grupo gobernante en una extensión del Ejecutivo. Gradualmente, la lealtad personal sustituye al debate y la obediencia desplaza a la deliberación.
En ese ambiente prospera una peculiar escuela de culto al líder. Los políticos menores abandonan su función de representantes y se convierten en una especie de “pajecitos de novia”: siempre presentes para cuidar que la cola del vestido no arrastre, repartir flores y evitar que alguien incomode a quien ocupa el centro de la ceremonia. La imagen puede parecer cómica, pero el resultado es profundamente serio. Cuando nadie cuestiona al gobernante, también desaparecen quienes pueden advertirle que está tomando una decisión equivocada. El problema de un Congreso subordinado no es solamente que apruebe todo, sino que deja al poder sin mecanismos de corrección.
Así comienza la pérdida de credibilidad. Primero se debilitan los contrapesos. Después aparecen las decisiones absolutistas. Más tarde llega la incertidumbre jurídica y, finalmente, la desconfianza económica. Es una cadena de contagios: la concentración del poder infecta las instituciones, el deterioro institucional alcanza a la economía y la pérdida de confianza termina afectando la inversión, el empleo y el costo del financiamiento.
Las calificadoras llegan al final de este proceso. Cuando Fitch, Moody’s o Standard & Poor’s evalúan la deuda soberana, no califican simpatías políticas. Analizan si un país posee instituciones capaces de garantizar estabilidad, reglas previsibles y capacidad para cumplir sus compromisos. El grado de inversión es, en última instancia, una medición de credibilidad.
El caso de Donald Trump ilustra los riesgos de gobernar sin suficientes límites. Con un Partido Republicano que conserva estrechas mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes, el presidente ha contado con un amplio margen para impulsar decisiones comerciales, militares y migratorias de enorme alcance. Sin embargo, el próximo 3 de noviembre la sociedad estadounidense tendrá la posibilidad de aplicar un correctivo democrático. En las elecciones intermedias se renovará la Cámara de Representantes y parte del Senado. Los electores no elegirán presidente, pero sí podrán decidir si Trump continúa gobernando con un Congreso favorable o si debe convivir con un Poder Legislativo capaz de investigarlo, limitarlo y obligarlo a negociar. Ese es uno de los valores esenciales de las elecciones intermedias: permiten balancear el poder antes de que concluya un gobierno.
México se encuentra frente a una fotografía semejante. El proceso electoral de 2027 comenzó formalmente el pasado 10 de septiembre y culminará con la votación del 6 de junio. Se renovará la Cámara de Diputados, además de gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos. No estará en juego la Presidencia de la República, pero sí la posibilidad de conservar o reconstruir los equilibrios democráticos.
La pregunta de fondo no es únicamente qué partido obtendrá más curules. La verdadera pregunta es si México quiere un Congreso que acompañe sin preguntar o uno que revise, cuestione y corrija; legisladores dedicados a “cargar la cola” o, representantes dispuestos a cumplir con su responsabilidad constitucional.
Los contrapesos no impiden gobernar. Impiden gobernar mal sin consecuencias. Un Congreso crítico puede resultar incómodo, pero también protege al Ejecutivo de sus propios excesos y evita que una decisión política se transforme en una crisis institucional o económica. La credibilidad de un país no depende solamente de cuánto debe, sino de cómo decide, cómo corrige y cómo limita a quienes gobiernan. Las mayorías pueden aprobar leyes y presupuestos, pero no pueden decretar confianza.
Esa es la otra moneda de una nación. No se imprime ni se reparte desde el poder. Se construye respetando instituciones, aceptando la crítica y comprendiendo que ningún gobierno, por legítimo que sea su origen, debe quedar sin vigilancia.
En los últimos días hemos presenciado un rosario de eventos convocados para cumplir con la obligación constitucional de rendir cuentas. Hemos escuchado estadísticas, cifras, presupuestos, porcentajes y hasta nuevas promesas. Pero ningún informe puede comprar la voluntad espontánea de los ciudadanos si los números no encuentran una traducción visible en su vida cotidiana. Un puente debe significar una hora más de sueño y menos tiempo atrapado en el tráfico. Una planta solar debe reflejarse en un recibo de electricidad más pequeño que me permita un día en la playa para mis hijos. Un programa educativo debe medirse en más jóvenes dentro de las aulas y más familias acompañando a sus hijos en una graduación. Una estrategia de seguridad debe permitir que nuestros hijos caminen por las banquetas sin provocar angustia ni desvelos.
La prosperidad no se acredita solamente con expedientes, presentaciones o discursos. Se demuestra disminuyendo el sufrimiento en la vida y en la rutina de cada ciudadano. Cuando las estadísticas oficiales no coinciden con la realidad que la gente experimenta, aparece la apatía. Y cuando se pierde la confianza, la participación deja de ser espontánea: algunos se alejan de las urnas, otros participan movidos por el enojo y muchos terminan atrapados en el clientelismo o en el fraude de la simulación.
Ahí se consuma la verdadera pérdida de credibilidad. Se puede organizar un informe, llenar un auditorio y construir una mayoría legislativa; lo que no se puede fabricar por decreto es la confianza honesta de la gente.
Hay mucha agenda para ver qué sigue para Estados Unidos y México, dos países unidos por la legendaria historia de una frontera, que por cierto es la misma que los divide.
