Foto: El Universal
Un nuevo episodio de violencia en comunidades serranas de Guerrero dejó seis personas asesinadas en Cerro de la Lumbrera, perteneciente al municipio de San Miguel Totolapan, en la región de Tierra Caliente.
El ataque ocurrió durante la madrugada de este jueves, cuando, según habitantes de la localidad, un grupo armado llegó al poblado alrededor de las 4:00 horas y se dirigió al domicilio de la familia Hernández Solano.
Las víctimas fueron identificadas por pobladores como Genaro, Milo, Porfirio y Basilio, mientras que de las otras dos personas se informó que una era una mujer con discapacidad.
Habitantes atribuyeron la incursión a Leonel Barragán Tolentino, alias “La Changa”, a quien señalaron como presunto integrante de Los Tlacos.
De acuerdo con los testimonios recabados entre los pobladores, la familia había sido objeto de presiones durante meses para vender sus tierras y árboles, por lo que relacionaron el ataque con su negativa a entregar las propiedades.
Después de la agresión, habitantes de Cerro de la Lumbrera abandonaron sus viviendas y se trasladaron a comunidades cercanas en busca de refugio.
Comunidades bajo presión
El ataque se registra mientras habitantes de distintas localidades de la sierra guerrerense han denunciado agresiones y desplazamientos relacionados con el control de terrenos y recursos naturales.
El pasado 21 de agosto, Los Bayados, comunidad ubicada en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, también fue atacada por un grupo armado. Una habitante afirmó que la agresión se extendió durante aproximadamente ocho horas.
La comunidad ya había sido atacada tres años antes, situación que provocó la salida de la mayoría de sus habitantes. Actualmente, ocho familias permanecen en el lugar.
“Nos han dicho que quieren nuestras tierras, pero acá no hay nada, apenas y podemos sobrevivir”, dijo una habitante.
Bosques y tierras, en el centro de las denuncias
La región serrana de Guerrero enfrenta condiciones de marginación y falta de servicios básicos. En diversas localidades existen carencias de centros de salud, escuelas, caminos, electricidad y agua potable.
A esta situación se suma la presencia histórica de grupos armados. La zona fue escenario de operaciones de contrainsurgencia durante las décadas de 1960 y posteriores, primero frente a la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas Barrientos y, décadas después, ante la presencia del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Otro de los cambios económicos que ha afectado a la región fue la pérdida de rentabilidad del cultivo de amapola, actividad que durante años representó una fuente de ingresos para numerosos habitantes.
El desplazamiento del opio por el fentanilo en el mercado estadounidense provocó una caída en el precio de la goma, que pasó de aproximadamente 30 mil a 6 mil pesos por kilogramo, de acuerdo con la información proporcionada.
Mientras algunos ejidos han buscado alternativas mediante permisos para el aprovechamiento forestal sustentable, habitantes de otras comunidades han denunciado que grupos criminales pretenden obtener el control de los recursos mediante actividades clandestinas.
En la comunidad de El Pescado, perteneciente al ejido Guajes de Ayala, en Coyuca de Catalán, pobladores denunciaron recientemente ataques con drones atribuidos a La Familia Michoacana.
Los habitantes localizaron un campamento que, según sus testimonios, era utilizado por integrantes del grupo criminal y donde encontraron bombas artesanales, trincheras, productos químicos y equipo táctico.
Javier Hernández Peñaloza, habitante de El Pescado, ha señalado que el interés del grupo criminal estaría relacionado con el control de los bosques y la madera.
Otro de los antecedentes ocurrió en El Durazno, también en Coyuca de Catalán, en diciembre de 2022. En aquella ocasión, alrededor de 100 integrantes de La Familia Michoacana llegaron a la comunidad y reunieron a los pobladores en el patio de una escuela.
Siete personas fueron asesinadas antes de que concluyera la reunión. Habitantes de la zona señalaron posteriormente que la agresión estuvo relacionada con la negativa de los pobladores a entregar huertas de aguacate y áreas de bosque.
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Los hechos ocurridos en Cerro de la Lumbrera se suman así a los reportes de violencia y desplazamiento de comunidades en la región de Tierra Caliente, donde habitantes han denunciado presiones relacionadas con la propiedad y explotación de tierras y recursos naturales.
Con información de El Universal
