El gobierno de Estados Unidos impondrá fianzas de entre 10 mil y 20 mil dólares a ciudadanos de alrededor de 50 países que soliciten visas de turismo y negocios (B-1/B-2), como parte de una medida destinada a reducir los casos de personas que permanecen en el país más tiempo del permitido por sus permisos migratorios.
El Departamento de Estado informó que la disposición convierte en permanente el programa piloto implementado en agosto de 2025 y entrará en vigor el próximo lunes, tras su publicación en el Registro Federal.
La medida afectará principalmente a solicitantes de países de África occidental y oriental, entre ellos Nigeria, Benín, Cabo Verde, Uganda y Etiopía.
En el continente americano también aplicará para ciudadanos de Cuba, Granada, Nicaragua y Venezuela.
El monto será determinado por los consulados
De acuerdo con el documento oficial, los funcionarios consulares tendrán la facultad de fijar el monto de la fianza, que podrá ser de 10 mil, 15 mil o 20 mil dólares, dependiendo de cada caso.
Los solicitantes deberán cubrir el depósito para continuar con el trámite de la visa. El dinero será administrado por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, y será devuelto una vez que la persona concluya su estancia en Estados Unidos y cumpla con las condiciones de su visa.
Buscan reducir las estancias irregulares
La administración del presidente Donald Trump argumentó que la medida forma parte de su estrategia para fortalecer el control migratorio y se aplica a países cuyos ciudadanos registran mayores índices de permanencia en territorio estadounidense después del vencimiento de sus visas.
Según el Departamento de Estado, durante el primer año del programa piloto se identificaron 20 mil solicitudes sujetas al pago de una fianza; sin embargo, la mitad de los solicitantes desistió de continuar con el trámite.
La dependencia añadió que, como resultado, la emisión de visas de turismo y negocios para los países incluidos en el programa se redujo 83%.
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Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes criticaron la decisión al considerar que las fianzas representan una barrera económica para acceder a vías legales de ingreso a Estados Unidos y afectan de manera desproporcionada a ciudadanos de países con menores ingresos, especialmente en África.
Con información de EFE
