El Parlamento de Portugal aprobó este viernes un proyecto de ley que prohíbe cubrirse el rostro en lugares públicos, con el respaldo de los partidos de la derecha y la extrema derecha.
La iniciativa será enviada al presidente António José Seguro, quien podrá promulgarla, vetarla o remitirla al Tribunal Constitucional para su revisión.
La propuesta fue impulsada por el partido de ultraderecha Chega, cuyos diputados celebraron la aprobación con un aplauso de pie durante casi un minuto al concluir la votación.
Posteriormente, su líder, André Ventura, difundió un video desde el hemiciclo acompañado del mensaje.
“Quien odia nuestra cultura puede volver a su país”.
Proposta do CHEGA aprovada. Acabaram as burcas em Portugal!!! Quem odeia a nossa cultura pode regressar ao seu país ✈️✈️✈️ pic.twitter.com/n8I9NMW40x
— André Ventura (@AndreCVentura) July 17, 2026
En el texto aprobado, Chega argumenta que diversos países europeos ya han adoptado legislaciones similares y sostiene que en Portugal el respeto a la dignidad de las mujeres suele ser ignorado.
Además, afirma que la medida busca reforzar tanto la seguridad pública como los principios de dignidad y respeto hacia las mujeres que, asegura, deben regir en un Estado de derecho.
La iniciativa ya había recibido una primera aprobación en octubre pasado con el respaldo del Partido Social Demócrata (PSD), el CDS-PP, Iniciativa Liberal (IL) y Chega.
En contraste, votaron en contra el Partido Socialista (PS), Livre, el Bloco de Esquerda (BE) y el Partido Comunista de Portugal (PCP), mientras que PAN y JPP optaron por la abstención.
La propuesta generó críticas desde su primera aprobación. Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) la calificaron de “discriminatoria” y señalaron que vulnera los derechos humanos de las mujeres que deciden cubrirse el rostro con prendas como el burka, utilizado en Afganistán y otras regiones islámicas.
Después de más de ocho meses de negociaciones entre Chega y el gobernante PSD, ambas fuerzas acordaron una versión final que dejó fuera la pena de prisión contemplada originalmente.
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En lugar de hasta tres años de cárcel, el proyecto establece multas de entre 200 y 2 mil euros cuando exista negligencia y de entre 400 y 4 mil euros si se acredita que hubo dolo.
