El gobernador de Durango, Esteban Villegas, reconoció públicamente que su visa para ingresar a Estados Unidos se encuentra sujeta a una alerta amarilla, situación que lo obliga a presentarse ante un consulado estadounidense para aclarar lo que calificó como un posible problema de homonimia (una persona con el mismo nombre).
“Están revisando por qué brincó una alerta amarilla la última vez que pasé (a EEUU)”, dijo a medios locales el mandatario estatal.
Villegas desmintió que la administración del expresidente estadounidense Donald Trump le haya cancelado el visado, aunque no precisó cuándo ocurrió dicha alerta tras su ingreso a territorio estadounidense.
El anuncio ocurre en un contexto de endurecimiento de las políticas del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha iniciado una revisión exhaustiva y el retiro de permisos migratorios a diversos políticos, legisladores y funcionarios de diferentes partidos en México.
El fenómeno ha cobrado fuerza tras la difusión de una lista de figuras públicas que habrían enfrentado la revocación o suspensión de documentos de viaje. Entre los nombres mencionados se encuentran el exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; así como el diputado federal Gerardo Fernández Noroña y el senador zacatecano Ricardo Monreal.
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La situación del mandatario duranguense refleja el ambiente de escrutinio sobre la clase política del norte del país, donde la relación bilateral y el flujo fronterizo implican revisiones constantes de perfiles oficiales.
Las restricciones aplicadas por consulados estadounidenses han generado preocupación en el Congreso mexicano, debido a que posibles cancelaciones de ingreso afectan agendas de trabajo binacionales, misiones comerciales y reuniones entre autoridades fronterizas.
En este contexto, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, solicitó recientemente a la presidenta Claudia Sheinbaum que entregue al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos delictivos. La solicitud fue desestimada por la mandataria federal, quien la calificó como propaganda, mientras el debate público se intensificó en torno a la soberanía nacional y la posible injerencia extranjera.
El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una política de no emitir declaraciones públicas sobre casos individuales de visado, por razones de privacidad, lo que suele alimentar especulaciones políticas sobre los motivos detrás de cada caso.
La situación de Esteban Villegas se suma a una lista creciente de señalamientos en un contexto de incertidumbre sobre las relaciones diplomáticas y los mecanismos de control migratorio aplicados a liderazgos políticos de la región.
Con información de EFE
