El Partido Acción Nacional solicitó al Gobierno Federal emitir una alerta migratoria contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ante el riesgo de que salgan del país mientras avanzan investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico.
La dirigencia nacional panista argumentó que la medida busca evitar una posible fuga similar a la ocurrida en otros casos de exfuncionarios que abandonaron México antes de enfrentar procesos judiciales.
“Que no terminen en Paraguay”
El vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Jorge Triana, pidió activar mecanismos de control migratorio para impedir que los funcionarios señalados puedan evadir a las autoridades.
“Que no terminen en Paraguay como Bermúdez, que no terminen en Argentina como Fernando Farías Laguna”, declaró el panista al exigir acciones preventivas por parte del gobierno federal.
El partido sostuvo que, de no aplicarse restricciones migratorias, existiría el riesgo de que los implicados abandonen territorio mexicano antes de que concluyan las investigaciones.
Posible escenario de extradición
La solicitud surge tras las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses contra funcionarios de Sinaloa por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
El consejero panista Rafael Calderón Jiménez consideró que los involucrados deben permanecer disponibles para cualquier eventual procedimiento internacional.
Por su parte, el diputado federal Federico Döring señaló que los acusados podrían enfrentar solicitudes de extradición si las investigaciones avanzan.
“Tendrán que estar en el país disponibles para su eventual extradición una vez transcurridos los 60 días”, afirmó el legislador.
Pide incluir a más implicados
Además de Rocha Moya y Juan de Dios Gámez Mendívil, el PAN solicitó que las medidas migratorias alcancen a otras personas mencionadas dentro del mismo expediente judicial.
La petición ocurre en medio de la creciente presión política derivada de las acusaciones difundidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra integrantes del gobierno sinaloense y figuras cercanas a Morena.
El caso ha escalado rápidamente en el escenario nacional, especialmente después de la licencia temporal presentada por Rocha Moya y la designación de Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa.
