El estado de Minnesota y su condado más poblado interpusieron este martes una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump, con el fin de obtener acceso a pruebas relacionadas con tiroteos en los que murieron dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.
La querella sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) han negado a las autoridades estatales el acceso a evidencia clave sobre los hechos ocurridos en enero pasado.
En los incidentes murieron Renee Good y Alex Pretti, ambos de 37 años, durante operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Ante ello, los demandantes solicitaron a un tribunal federal que obligue al Ejecutivo a compartir toda la información disponible sobre ambos casos.
La demanda también incluye el caso del ciudadano venezolano Julio César Sosa-Celis, quien resultó herido de bala en una pierna durante otro operativo del ICE, y del cual tampoco se ha entregado información completa a las autoridades locales.
Funcionarios de Minnesota, del condado de Hennepin —donde ocurrieron los hechos— y la Oficina de Aprehensión Criminal del estado señalaron que, pese a compromisos iniciales de colaboración, las autoridades federales tomaron control exclusivo de las pruebas y restringieron el acceso a los investigadores estatales.
“En lugar de compartir información, las autoridades federales se apropiaron de la evidencia y negaron el acceso a datos clave”, se detalla en la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
Los demandantes también denunciaron que estos casos reflejan un patrón de acciones violentas durante operativos migratorios en la entidad, incluyendo detenciones ilegales, redadas y arrestos en espacios públicos, lo que —afirman— ha generado temor entre la población, tanto en ciudadanos como en personas migrantes.
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Finalmente, la demanda solicita al tribunal declarar como “arbitraria y caprichosa” la negativa del DHS y el DOJ a compartir material de investigación, al considerar que excede lo permitido por la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
Con información de EFE
