La compra de camionetas blindadas para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a colocar al Poder Judicial bajo el escrutinio público, ahora desde el Ejecutivo federal. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que corresponde exclusivamente a la Corte explicar de manera clara y pública las razones, criterios y condiciones en las que se adquirieron los vehículos de lujo.
Luego de que se conociera la compra de nueve camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas, la mandataria federal señaló que solicitó información institucional para conocer el contexto de la decisión, especialmente en lo relacionado con los argumentos de seguridad que se han planteado para justificar la adquisición.
Sheinbaum explicó que la consulta se realizó a través de la Secretaría de Gobernación y que la respuesta provino del comité de administración del Poder Judicial. Según la información recibida, la compra de los vehículos sustituyó un esquema previo de renta, lo que —de acuerdo con esa versión— habría significado un ahorro superior a los mil millones de pesos.
“Pregunté el día de ayer cuando vi la nota. La secretaria de Gobernación hizo una consulta al comité de administración del Poder Judicial y nos dieron una nota informativa en la que se señala que existía un contrato de renta de vehículos y se decidió sustituirlo por la compra, lo que habría generado un ahorro de más de mil millones de pesos”, explicó la presidenta.
Los vehículos adquiridos, cuyos precios sin blindaje oscilan entre un millón 100 mil y un millón 800 mil pesos, fueron presentados como una medida para proteger la integridad de ministras y ministros. Sin embargo, Sheinbaum subrayó que es responsabilidad de la propia Corte detallar si la decisión responde a riesgos o amenazas concretas, así como transparentar los criterios administrativos que llevaron a optar por esta opción.
“Todo ello tiene que informarlo la Corte”, enfatizó la presidenta, al dejar en claro que su gobierno únicamente dio a conocer la información que le fue proporcionada de manera institucional.
Las declaraciones se dan en un contexto de debate público sobre el contraste entre el discurso de austeridad en las instituciones y el uso de recursos públicos para vehículos de alta gama destinados a los integrantes del máximo tribunal del país.
