La Policía Nacional de Perú reforzó la seguridad en las inmediaciones de la Embajada de México en Lima con 25 agentes, ante una posible fuga de la exprimera ministra Betssy Chávez, quien permanece en esa sede diplomática a la espera de un salvoconducto que le permita abandonar el país, confirmó el comandante general de la institución, Óscar Arriola.
En declaraciones al Canal N, el jefe policial informó que se ha desplegado a un promedio de 36 elementos en distintos puntos de Lima para “cerrar cualquier posibilidad” de fuga de Chávez, mientras que en la Embajada de México se mantiene “un número considerable” de 25 policías.
Sobre la posibilidad de que la exprimera ministra intente evadir la vigilancia durante las fiestas de fin de año, Arriola señaló que “hay informaciones, verificamos y hacemos nuestro trabajo normal y rutinario”.
Chávez, quien fue primera ministra durante el gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), fue condenada a 11 años y cinco meses de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de 2022.
Días antes de la lectura de la sentencia, ingresó a la residencia del embajador de México en Lima y recibió asilo de ese país, situación que derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México.
El comandante general explicó que una persona asilada “podría tratar de burlar la seguridad, podría salir en un vehículo con inmunidad diplomática y hacer un trasbordo en algún punto” de la ciudad.
Precisó que, debido a la inmunidad de los vehículos diplomáticos, la Policía no podría detenerlos ni intervenirlos, “salvo urgencia extrema que tenga que ver con la vida y salud de los ocupantes”.
A raíz de este caso, el canciller peruano, Hugo de Zela, propuso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) reforzar los procedimientos del asilo diplomático para evitar que continúe su “evolución negativa” y se convierta en “un instrumento para eludir la justicia”.
Durante una comparecencia ante el Consejo Permanente de la OEA, a inicios de este mes, el canciller aclaró que su postura no se refiere de manera específica al caso de Chávez, aunque advirtió que este reafirma la “evolución negativa en la utilización del derecho de asilo consagrado en la Convención de Caracas” de 1954, que actualmente se usa “para otorgar asilo a quienes no sufren persecución política en Estados democráticos”.
El ministro reconoció los retos que enfrenta Perú, aún afectado por la crisis política tras la destitución de Castillo, pero afirmó que “prevalecen las garantías del debido proceso” y, “sobre todo, el principio de no impunidad”.
Asimismo, adelantó que el país analiza elevar consultas al Comité Jurídico Interamericano e invitó a los Estados miembros de la OEA a debatir y fortalecer de manera conjunta el multilateralismo y los tratados sobre asilo.
Por su parte, el mandatario interino de Perú, José Jerí, señaló que su gobierno se tomará un tiempo indefinido para analizar el caso antes de otorgar el salvoconducto que permitiría a Chávez salir del país con destino a México, como ocurrió previamente con la esposa e hijos del expresidente Pedro Castillo.
