La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones financieras contra la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa, así como contra personas y empresas que, según el gobierno estadounidense, integran una red operativa y de lavado de dinero con base en Playas de Rosarito, Baja California.
Entre los señalados, la OFAC ubicó a la exalcaldesa morenista de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, a quien atribuye presuntos nexos políticos con operadores del Cártel de Sinaloa para, presuntamente, influir en el gobierno municipal.
Actualmente, Araceli Brown es diputada federal por el Distrito 9 de Baja California, y pertenece a la bancada de Morena en la cámara baja.
También conocida como ‘La Mayiza’, esta es una facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco“, hijo del histórico capo del narcotráfico Ismael “El Mayo” Zambada García, actualmente preso en Estados Unidos.
La Mayiza y Los Chapitos, ambos escindidos del Cártel de Sinaloa, mantienen violentos enfrentamientos desde que, el año pasado, Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, presuntamente tendió una trampa a El Mayo Zambada y lo entregó a las autoridades estadounidenses en El Paso, Texas.
Rosarito, “arteria clave” para el tráfico de drogas
La acción del Tesoro, informada tras una visita del subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera John K. Hurley a la frontera, designa a Los Mayos (la facción afín a Ismael “El Mayo” Zambada) y al líder de su brazo armado,
También se incluyó a la ‘lista negra’ del Tesoro a cinco personas y 15 empresas ligadas, según OFAC, a una red regional acusada de operar justo al sur de la frontera con Estados Unidos, así como a un presunto líder de una banda afiliada al Cártel de Sinaloa dedicada a la producción de fentanilo.
Por su cercanía con la frontera con California, el Departamento del Tesoro describe a Rosarito como “una arteria clave” para el contrabando de drogas hacia territorio estadounidense.
La oficina señala que, además del tráfico de sustancias sintéticas, Los Mayos participan en secuestros, extorsiones, lavado de dinero y corrupción en el gobierno local.
En palabras del subsecretario Hurley, citadas por el Tesoro: “El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”.
El comunicado agrega que “la medida de hoy […] demuestra la dedicación del Tesoro a la prioridad del presidente Trump de frenar las amenazas transfronterizas”, afirmaciones que enmarcan la justificación política y de seguridad nacional de la ofensiva financiera de Washington.
El “contubernio” político-criminal en Rosarito, según la OFAC
De acuerdo con el reporte de la OFAC, dos operadores vinculados al Cártel de Sinaloa en su facción de Los Mayos: Jesús González Lomelí, un empresario local, y Candelario Arcega Aguirre, descrito como “agente político”, habrían influido en el gobierno municipal de Rosarito “gracias a una estrecha relación personal con (Hilda Araceli) Brown”.
El Tesoro señala que González y Arcega habrían servido como intermediarios entre Brown y los hermanos Alfonso y René Arzate García (operadores previamente sancionados y vinculados a Los Mayos), con tres propósitos principales: recaudar pagos de extorsión a nombre de los Arzate; gestionar operaciones de la organización en la zona, y garantizar protección desde la Secretaría de Seguridad Pública municipal para las actividades delictivas.
Trabajando juntos, González, Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de las actividades delictivas de los Arzate por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito.
El “imperio” criminal en Playas de Rosarito
La OFAC sitúa el mando de Rosarito bajo la órbita de René Arzate García y su hermano Alfonso, operadores históricos del Cártel de Sinaloa designados anteriormente por Estados Unidos.
Menciona además a Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, como fundador y líder del brazo armado de Los Mayos, con control sobre rutas de tráfico en Baja California.
El Tesoro recuerda una acusación federal de 2015 en el Distrito Sur de California que identificó a “El Ruso” como líder de una estructura involucrada, presuntamente, en secuestros, tortura y asesinatos en apoyo a los intereses del cártel, y apunta que el Departamento de Estado ofreció el 16 de septiembre de 2025 hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.
En la parte financiera, la OFAC designó 14 empresas vinculadas a Jesús González Lomelí, a quien describe como “magnate empresarial” de Rosarito y operador financiero de alto rango para los Arzate y “otros altos funcionarios del cártel, incluido El Ruso”. Entre los giros que enumera están bares, restaurantes, centros nocturnos y resorts (por ejemplo, Bombay Beach Club, Coco Beach Club, Mariscos El Caimán), empresas hoteleras, de alimentos y de espectáculos.
Bajo la lógica del Tesoro, González habría utilizado este conglomerado para lavar millones de dólares procedentes del narcotráfico. Al bloquear estas entidades, OFAC busca cortar flujos que, de acuerdo con su versión, sostienen la red criminal.
Arcega y la “captura” del gobierno municipal
El Tesoro atribuye a Candelario Arcega Aguirre un papel como “agente político afiliado” al Cártel de Sinaloa, con capacidad para influir en el nombramiento de aliados dentro del gobierno local.
Además, designó a una empresa de transporte público a su nombre: Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio, S.A. de C.V., por estar presuntamente controlada o dirigida por el propio Arcega.
La institución estadounidense argumenta que la combinación de la influencia política con los aparatos empresariales habría servido como andamiaje para consolidar control territorial y ventaja logística al cártel.
“Los Rugrats”, generadores de violencia
En paralelo al caso Rosarito, la OFAC incluyó en la misma acción a Carlos Alberto Páez Pereda, “Carlitos”, señalado como líder de una banda conocida como “Los Rugrats” en Laguna Colorada, Sinaloa, dedicada, según el Tesoro, a producir fentanilo y a ejecutar ataques contra rivales por órdenes de René Arzate.
La inclusión de Páez conecta dos piezas de la cadena: la producción de la droga en Culiacán y su distribución y lavado de dinero en Rosarito.
La OFAC enmarca la ofensiva en un relato de reconfiguración del Cártel de Sinaloa tras las capturas de Joaquín Guzmán Loera y los golpes a la cúpula de Ismael “El Mayo” Zambada: dos facciones, Los Chapitos y Los Mayos, compiten por poder e influencia en territorios estratégicos, incluida la franja fronteriza de Baja California.
Para el Tesoro, Los Mayos mantienen presencia fuerte en Baja California, Sonora y Zacatecas, trafican fentanilo, metanfetamina, heroína, marihuana y cocaína, y confluyen con actividades como el tráfico de migrantes.
