La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró este martes de forma total y definitiva la empresa Pecuaria Peninsular, granja porcícola ubicada en Santa María Chi, Mérida, Yucatán.
La clausura a la granja se da al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas, entre ellas, la descarga directa de sus aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización de sus lodos, de acuerdo con un comunicado.
A partir de la clausura, la Profepa buscará que la granja se enfoque en la reparación de los daños ocasionados en la zona, a través de la elaboración de un estudio de daño ambiental y dando seguimiento al proceso de desmantelamiento y adecuado abandono del sitio.
En atención a denuncias presentadas por organizaciones de la sociedad civil y por las comunidades mayas desde el 2021, la Profepa ha realizado visitas de inspección a granjas porcícolas ubicadas en Yucatán en los municipios Muna, Mérida, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal, Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Mayapán, Opichén, Maxcanú, Suma, Sotuta, Progreso, Tekax, Tixpéhual, Abalá y Kopomá. Dentro de estas acciones, Pecuaria Peninsular fue una de las granjas inspeccionadas y a la que se le han impuesto diversas medidas correctivas.
“Este caso es fundamental para la Profepa; conocemos la lucha de años de las comunidades de la zona, quienes han padecido los impactos y las afectaciones a su calidad de vida y a su entorno. Las vecinas y vecinos de esta empresa se han amparado, han hecho denuncias, han buscado la justicia con autoridades de todos los niveles y hoy la Profepa trabaja con ellos para lograr esta clausura definitiva”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.
Para la Profepa, afirma la dependencia, atender la problemática sobre los impactos de las granjas de cerdos en la Península de Yucatán es una prioridad. Y atender a las comunidades afectadas y asegurar que se cumpla su derecho al medio ambiente forma parte de su compromiso con la justicia ambiental.
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Por último, la Profepa señala que continuará trabajando con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y la salud pública, y para evitar violaciones del derecho humano al medio ambiente y para regular de forma efectiva a este sector.
