El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó las reformas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que le permitirán a la institución construir y arrendar viviendas mediante la creación de una empresa filial.
Después de ocho horas de discusión, las reformas a la Ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo fueron aprobadas por la mayoría de Morena y aliados, con el apoyo de Movimiento Ciudadano por 322 votos a favor y 107 en contra, del PAN y el PRI.
El dictamen aprobado, con las modificaciones realizadas en comisiones el pasado 24 de enero, fue devuelto al Senado de la República para su revisión, discusión y, en su caso, aprobación.
El dictamen señala que los recursos del Infonavit o bajo su administración se destinarán a la construcción de vivienda, por conducto de una empresa filial, para fomentar la oferta destinada al arrendamiento social o adquisición en favor de las personas trabajadoras derechohabientes, así como el desarrollo económico local y la generación de empleos.
Además, de forma periódica, el Infonavit informará en su página de internet sobre la “situación financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica, así como los riesgos, relacionados con el fondo que contiene los recursos y de su empresa filial, sus proyectos de construcción, proveedores contratados por aquella, entre otros asuntos que estime conveniente”.
Durante la discusión, la oposición acusó al oficialismo de legislar “a la carrera, de rapidito y cambiando la ley a su conveniencia” y aplicando un “cobarde sabadazo”.
Así lo expresó en tribuna el diputado panista Miguel Ángel Salim (PAN), quien dijo que las reformas buscan quitarles sus ahorros a las y los trabajadores.
“No hay beneficio social, es un saqueo, no se dice cómo se evitará la corrupción, no se asegura que el dinero no termine mal administrado o desaparecido”, dijo.
“Lo único que se quiere es más dinero. No es tema de vivienda sino de control y concentración del poder”, señaló, mientras sus compañeros y compañeras de bancada exhibieron carteles con el logo del Infonavit y la frase “ha nacido el Morenavit”.
Mientras que en el posicionamiento del grupo parlamentario morenista, el diputado José Alejandro Peña Villa precisó que el objeto de la reforma es regular la organización, administración, operación, control, vigilancia y rendición de cuentas del Infonavit.
“Estamos ante uno de los avances sociales más importantes de los últimos tiempos, como es regresar el sentido social al Instituto, sin especulación y sin corrupción”, dijo, al tiempo que acusó a la oposición de mentir sobre la intención de las reformas.
Por su parte, el priista Erubiel Alonso dijo que con la reforma se quita poder de decisión a la clase trabajadora y se burocratizan los trámites y decisiones; perjudica los derechos de las y los trabajadores, genera inseguridad jurídica en los procesos de asignación de créditos y produce un impacto negativo en la estabilidad financiera de derechohabientes.
“Es el atraco más grande en la historia de este país a la clase trabajadora. Se robarán, para que tengamos una idea, el equivalente a dos veces el monto del Fobaproa. Esta reforma establece disposiciones para realizar el gran robo de las aportaciones de los patrones y de los trabajadores. No es menor la cantidad, son 2.4 billones”, señaló Alonso.
Mientras que la diputada emecista Patricia Mercado, hizo un llamado a comenzar una nueva época de la política de vivienda con acciones afirmativas desde la solicitud de un crédito hasta la ubicación y equipamiento del entorno, y dijo que “la vivienda es un derecho, no un privilegio”.
Más tarde, escribió en su cuenta de X: “Con los cambios que hicimos en la Cámara de Diputados frente a la minuta que envió el Senado, la reforma al Infonavit va en el sentido correcto para reforzar el derecho a la vivienda de trabajadoras y trabajadores”, por lo que dijo que su partido votó a favor.
Entre los cambios que realizaron las comisiones unidas a las reformas, destacan que la construcción de vivienda que realice el instituto fomentará el desarrollo económico local y la generación de empleos.
Además, quedó establecido que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el auxilio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, supervisará y vigilará las operaciones de crédito que celebre el Instituto con las personas trabajadoras derechohabientes, estableciendo un sistema de programas de autocorrección en caso de que exista algún incumplimiento de las normas aplicables.
La fiscalización del Instituto estará a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, la cual será competente para revisar la actividad del Instituto como organismo fiscal autónomo, la debida integración y administración de su patrimonio, el ejercicio del presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia, así como del presupuesto de inversión en materia de construcción y administración inmobiliaria.
Subraya que las subcuentas de vivienda y créditos de vivienda de los trabajadores son inviolables y no estarán sujetas a auditoría, revisión o fiscalización alguna.
