El viernes, en dos actos, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados, y con la ausencia de la oposición, las mayorías de Morena, PVEM y PT sesionaron para declarar la validez de la reforma constitucional al Poder Judicial.
Dichosos, soberbios y orgullosos de la rapidez con la que más de 20 Congresos estatales avalaron sus reformas, las bancadas del oficialismo se celebraron a sí mismos. Pronunciaron discursos cargados de loas al presidente Andrés Manuel López Obrador y al pueblo de México.
Y, sin reparo alguno, festinaron su triunfo sobre los partidos de oposición, sobre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todos aquellos que se oponían a la reforma.
Cantaron victoria, pero su victoria es pírrica.
El bando vencedor perdió mucho en la batalla: credibilidad, dignidad republicana, prestigio, respeto de propios y extraños, y la gran oportunidad de comenzar bien la administración de Claudia Sheinbaum.
En su afán de mostrar el músculo de su mayoría, Morena y sus aliados terminaron exhibiendo las debilidades de su alianza. Ante la imposibilidad de convencer sobre las bondades de su reforma judicial, decidieron recurrir al chantaje, la extorsión y la amenaza para imponer los cambios.
Al estilo de su odiado Felipe Calderón, el presidente Andrés Manuel López Obrador terminó defendiendo el pragmatismo. La reforma se sacó al “haiga sido como haiga sido”, reuniendo a los diputados y senadores en sedes alternas, amedrentando a opositores, ignorando a los trabajadores del Poder que busca reformarse, pisoteando y burlándose de las minorías, amedrentando a un senador de MC en un estado como Campeche, donde ha quedado acreditado el uso faccioso de las instituciones de justicia, y recurriendo a lo más sucio del viejo PRIAN para conseguir el voto que les hacía falta.
Que el voto 86 en el Senado haya sido en el de Miguel Ángel Yunes Márquez -previo acto circense en mancuerna con su papá, Miguel Ángel Yunes Linares- muestra hasta dónde es capaz de llegar el nuevo régimen con tal de alcanzar sus fines.
La maniobra recuerda aquel episodio de 2005-2006, en el que Felipe Calderón entregó su candidatura al grupo de Elba Esther Gordillo con tal de que le ayudaran a derrotar a López Obrador. “La maestra” se lo cobró con creces, maniatando su gobierno, imponiéndole un subsecretario de Educación, un director de la Lotería Nacional y a un director del ISSSTE (Yunes Linares) que terminó apoderándose del panismo veracruzano.
Si alguien encarna la putrefacción del PRIAN, ése es Yunes, un político que militó décadas en el PRI y que, en 2001, como representante del tricolor ante el Consejo General del IFE, amenazó a los consejeros electorales con juicio político por haber aprobado la multa por el famoso Pemexgate (una trama de corrupción con la que se financió la campaña presidencial de Francisco Labastida en el año 2000). Un oscuro operador político con cuentas pendientes en Veracruz, que se refugió en el círculo más cercano de Elba Esther Gordillo para sobrevivir en el sexenio foxista.
Un mini gobernador (ganó las elecciones de 2016 para el periodo de transición que homologó el calendario electoral de Veracruz), al que le bastaron dos años para acumular riquezas y escándalos. El último, el intento de dejar a su hijo como gobernador en las campañas de 2018, cuando López Obrador y Cuitláhuac García se le atravesaron en el camino e impidieron la sucesión de padre a hijo.
Es muy sintomático que el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, haya recurrido precisamente a Yunes para conseguir a un traidor entre las filas opositoras. El elegido no deja ni el más mínimo lugar a dudas sobre la naturaleza de ese pacto. Es increíble que los Yunes hayan actuado por convicción y es altamente probable que su voto se haya comprado con una garantía de impunidad.
Por todo ello resulta nauseabundo el arreglo. Por todo ello, es incongruente que López Obrador pretenda negar que actuó bajo la lógica del “fin justifica los medios”. Por todo ello, resulta decepcionante que la presidenta electa se haya mostrado complacida y hasta haya dicho que la historia reivindicará a Yunes.
Su sexenio iniciará, ya no sólo con las dificultades generadas por una compleja reforma de casi imposible implementación, sino con la mácula de haber solapado una negociación entre bribones.
¿Qué sigue?
Ya no hay vuelta atrás. Pese a todo, es un hecho que, dentro de ocho meses, las mexicanas y mexicanos seremos convocados a las urnas para elegir más o menos a la mitad de los cargos del Poder Judicial (más de 800 jueces, magistrados y ministros), mientras la otra mitad de elegirá en 2027, junto con la elección federal intermedia.
Un día después de publicado el decreto de la reforma, comenzará el proceso electoral extraordinario de 2025 y, con ello, una serie de actividades para un proceso inédito y complejo.
El Consejo General del INE deberá reunirse siete días después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación para declarar el arranque de la etapa de preparación. Se instalará una comisión especial de consejeras y consejeros (aún no se sabe quién será la o el valiente que se proponga para presidirla), y se trabajará en la propuesta de presupuesto que se pedirá a la Cámara de Diputados para financiar la elección.
Se prevé que el INE pida al menos 5 mil millones de pesos adicionales a su presupuesto ordinario, pues se trata de una elección nacional, de magnitudes semejantes a la que acaba de celebrarse en este 2024, pero aún más compleja en su organización y desarrollo. Para darse una idea, el INE ejerció 8 mil 800 millones de pesos para el proceso electoral federal que acaba de terminar.
Luego vendrá la convocatoria del Senado, que deberá emitirse en un plazo máximo de 30 días naturales, para la elección de la totalidad de ministras y ministros de la SCJN; las plazas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito.
En esta primera elección, quienes ocupan actualmente estos cargos podrán participar y tendrán pase automático a los listados que aparecerán en las boletas, a menos de que ellos declinen, como lo ha anunciado -por ejemplo- la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña.
Ante la ausencia de legislación secundaria, los artículos transitorios de la reforma otorgan al INE facultades de emitir todos aquellos acuerdos que considere necesarios para normar la organización, desarrollo y cómputo de las elecciones.
El INE tendrá unos cuantos meses para determinar el número de casillas que tienen que instalarse. Si el pasado 2 de junio se instalaron 170 mil casillas, esta vez podrían ser más, pues cada casilla se dota con 750 boletas, esperando que en diez horas puedan participar 750 electores (suponiendo una participación del cien por ciento) a razón de uno por cada minuto y medio. Esto, con máximo seis boletas distintas, como ocurrió en algunos estados en este año: Presidencia, Senado, diputados federales, gubernatura, ayuntamiento y diputaciones locales.
Si en la elección de jueces y magistrados un elector pudiera recibir hasta 25 boletas, no se va a tardar un minuto y medio, sino hasta 10 minutos para emitir su sufragio. Y eso implicaría que el INE tendría que instalar muchas más casillas.
Al ser inédita, esta elección implica una manera distinta de reclutar y capacitar a los funcionarios de casilla (en 2024 se requirieron millón y medio para recibir y contar los votos el 2 de junio); implica una manera distinta de comunicar las elecciones, pues la ciudadanía no tachará un recuadro correspondiente a un partido o coalición -como lo hemos venido haciendo desde hace cien años-, sino que se deberá escoger un nombre de un listado y escribirlo en la boleta.
Al no estar involucrados los partidos políticos, las campañas serán hechas por el propio INE, autoridad a la que se le endilga la responsabilidad de que la ciudadanía conozca y distinga las propuestas de miles de candidaturas que podrían participar a nivel nacional.
Temas como la fiscalización de los ingresos y gastos de las campañas, la distribución de los tiempos oficiales para difundir el proceso, el diseño e impresión de materiales electorales (cuadernillos de capacitación, listados de candidaturas, boletas electorales, etcétera), la duración de las campañas, prohibiciones y límites en dichas campañas, la duración de la jornada electoral, la participación de observadores y la manera en la que se llevarán a cabo los cómputos de las elecciones, deberá definirlos el INE en los próximos meses.
Será una elección compleja que pondrá contra las cuerdas al INE, una institución que aún está en la mira de la mayoría oficialista y que se estará jugando su credibilidad -bien ganada y defendida en los últimos años- en este proceso extraordinario.
