Como parte de la estrategia de López Obrador para hacerse del control total de la Suprema Corte se terminó de echar andar tres pistas de manera simultánea:
1) la Reforma Judicial que va a permitir mantener fuera y dentro del Congreso la vigencia de la desacreditación contra los ministros de aquí a las elecciones del 2 de junio. 2) “La ministra del Pueblo”, Lenia Batres, desde las entrañas y sin argumentos o razonamientos jurídicos equivocados para sostener los ataques en contra de sus compañeros y el Poder Judicial. 3) La vocería de la 4T con Arturo Zaldívar en medios y redes sociales de manera permanente siguiendo los criterios del Presidente.
Un Poder Judicial a modo y que no haga contrapeso es el ideal en la visión política de López Obrador y que pase por alto la defensa constitucional como han dado prueba en las últimas dos sesiones de la sala superior sus ministras incondicionales Yazmín Esquivel y Lenia Batres, quienes con sus votos querían mantener las restricciones al mercado de generación de energía eléctrica para darle todo el poder a la Comisión Federal de Electricidad.
Ayer, ambas también querían proteger a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para mantener oculta la información del caso Pegasus con el que este gobierno también espía a sus adversarios.
Queda muestra de que en su actuación no hay criterios jurídicos sino cumplimiento a instrucciones políticas, pero a pesar de eso los otros nueve ministros resolvieron dos recursos de revisión en materia de seguridad nacional, promovidos por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que buscaban impugnar una resolución del INAI, uno de los organismos a los que la Presidencia propone desaparecer, en la que ordena a Hacienda la entrega de estos documentos.
La Corte ratificó el criterio del INAI para considerar infundada la reserva de la información debido a motivos de seguridad nacional, por lo que la dependencia tiene la obligación de proporcionar la versión pública de la información recabada por la UIF para investigar la red de empresas comercializadoras de Pegasus entre 2012 y 2018, es decir aun en el gobierno de Peña Nieto, pero que al gobierno de AMLO no le conviene hacer pública debido a que heredó el sistema de espionaje y lo mantuvo vigente en contra de políticos, empresarios, periodistas y luchadores sociales.
La estrategia presidencial es una clara provocación y mantendrá los ataques en campaña y aun en veda electoral. Día tras día dará línea para desacreditar a los ministros. Hay que mirar cómo se dio en otras naciones de América para desaparecer al máximo tribunal de justicia y lo que es de esas naciones para poner nuestras barbas a remojar.
El Movimiento Naranja jarocho
Movimiento Ciudadano sorprendió con sus candidaturas en Veracruz. Dante Delgado Ranauro, fundador del partido, no solo puso en primer lugar de la lista de mayoría para el Senado a su hijo Dante Delgado Morales, quien no tiene experiencia política sino que como su suplente va la exjuez Norma Angélica Sánchez, detenida de manera arbitraria por el gobierno de Cuitláhuac García y puesta en libertad por falta de pruebas.
La otra sorpresa fue Hipólito Deschamps Espino, exalcalde de Medellín, Veracruz, como abanderado al gobierno estatal, quien tres días antes de recibir la candidatura era panista, pero despotricó contra Marko Cortés, presidente de Acción Nacional, para justificar su separación.
El partido albiazul además de la alcaldía de Medellín le había dado una diputación local, una regiduría y una candidatura a diputado federal. “Han secuestrado al partido para repartirse diputaciones y senadurías entre familiares”, habló muy indignado del PAN al momento de irse.
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UPPERCUT: Por cierto, la exjueza Angélica Sánchez fue llamada a audiencia en Pacho Viejo tan pronto como se supo de su candidatura al Senado. Ayer mismo se presentó y fue para volver a acusarla por los mismos delitos por los que la vincularon anteriormente (contra la fe pública y tráfico de influencias).
A pesar de que interpuso una amparo en contra de esa vinculación, respecto sobre la que el Poder Judicial Federal no ha dictado todavía sentencia en la que determine si fue o no legal la vinculación a proceso, la están juzgando dos veces por el mismo delito.
POR ALEJANDRO SÁNCHEZ
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