Un juez de la Audiencia Nacional de España concedió la libertad provisional a Jonathan Alexis Weinberg Pinto, presunto cómplice del exsecretario de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, y quien fue detenido el pasado domingo 31 de diciembre en el país ibérico por la Policía Nacional española.
Weinberg compareció por videoconferencia desde un juzgado de Valencia ante el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6, Joaquín Gadea. El fiscal solicitó su libertad provisional mientras se tramita su extradición ante la Sala de lo Penal.
Así lo informaron a Aristegui Noticias fuentes de la Audiencia Nacional española, que señalaron que el juez impuso a Weinberg las medidas cautelares de retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y le fijó la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado.
La comparecencia del empresario desde un juzgado de Valencia indicaría que éste fue detenido en dicha provincia y no en Madrid, como indicó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado de prensa.
La FGR lo acusa de ser “uno de los principales cómplices” de Genaro García Luna “en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado”. El exfuncionario está preso en una cárcel de Estados Unidos y a la espera de su sentencia, tras ser declarado culpable de cargos relacionados con el narcotráfico.
Weinberg Pinto es hijo de Mauricio Samuel Weinberg López. Ambos conocieron a García Luna cuando era agente del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En 2019, la periodista Peniley Ramírez dio a conocer que García Luna utilizó en 2012 herramientas de vigilancia adquiridas por el Estado con fines privados. A través de la empresa ICIT, ubicada en Polanco, personal de la SSP usó el software NiceTrack para generar información sobre la ubicación en tiempo real de sus objetivos, que García Luna comercializó para beneficio propio.
La organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, mediante solicitudes de acceso a la información, obtuvo documentación que demuestra que la SSP adquirió el sistema de rastreo de teléfonos móviles NiceTrack Location Tracking System en 2009, a través de tres contratos por adjudicación directa a la empresa NICE Systems Lyd por 69 millones de dólares.
De acuerdo con R3D, el representante legal de NICE Systems era el empresario israelí Samuel Weinberg, quien entabló una amistad con García Luna a inicios de su carrera, cuando el entonces secretario era apenas un empleado del Cisen. Samuel Weinberg, junto con su hijo Alexis, se dedican a la comercialización de tecnologías de vigilancia israelíes en América Latina.
Adicionalmente, R3D localizó facturas y contratos por adjudicación directa, celebrados con la empresa panameña Nunvav Inc. en 2011 y 2012, para la adquisición de tecnologías de vigilancia. El presidente de la compañía es Natan Wancier, socio de Alexis Weinberg, con Roberto Silvestri como secretario y tesorero.
Tras la detención de García Luna en Estados Unidos, el gobierno mexicano congeló 11 cuentas bancarias relacionadas con García Luna y sus allegados, entre ellas, las de Samuel y Alexis Weinberg. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los acusa de crear una red de empresas fantasma ─con Nunvav e ICIT al centro─ usadas para depositar 50 millones de dólares en cuentas bancarias alrededor del mundo.
Nunvav habría transferido fondos a dos empresas de los Weinberg (ICIT Private Security México SA de CV e ICIT Holding S.A. de C.V.), así como a GLAC Security Consulting Technology Risk Management SC, otra compañía propiedad de García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra.
Además, al terminar su gestión al frente de Seguridad Pública, García Luna suscribió en 2013 un contrato entre su empresa GL & Associates Consulting (GLAC) con la panameña Merchant Maritime Agency ─compañía que solo existe en papel─, representada por el secretario y tesorero de Nunvav, Roberto Silvestri. En este contrato, Merchant se compromete a pagarle 50 mil dólares mensuales a García Luna.
Otro contrato, celebrado en 2015 entre Nunvav y Delta ─empresa registrada por García Luna, con su esposa Linda Cristina Pereyra como presidenta─, indica que el funcionario recibió pagos por 160 mil dólares al mes por concepto de consultoría.
En una entrevista con Aristegui en Vivo, la periodista Peniley Ramírez explicó que, a través de las propiedades facilitadas por una red de socios y de familiares, Genaro García Luna logró montar empresas que comercializaban información utilizada por las más altas esferas del gobierno de Felipe Calderón, al mismo tiempo que desempeñaba su cargo público.
Estos nexos también le permitieron vivir en Estados Unidos, en mansiones lujosas de Miami, una vez que abandonó la función pública. Un estilo de vida que despertó sospechas del Departamento de Justicia.
Ramírez afirmó en aquel momento que García Luna también utilizó recursos del gobierno federal para operar sus empresas privadas, y que, incluso, vendía a particulares información que llegaba al escritorio de Calderón.
Los personajes clave en este entramado son Jonathan Weinberg y su padre Mauricio Weinberg, asociados en empresas propietarias de una oficina en la colonia Polanco desde donde operaba la firma ICIT.
Esta agencia hacía análisis de la información que comercializaban a particulares. Ramírez descubrió que sus clientes recibían el mismo resumen informativo que leía Felipe Calderón por las mañanas.
El inmueble tenía el mismo domicilio registrado por joyería propiedad de Silvia Pinto, mamá de Alexis Weinberg y esposa de Mauricio Weinberg, en sociedad con Julia Abdala, pareja actual del director de la CFE, Manuel Bartlett.
Una vez que concluyó su administración, García Luna se mudó a la ciudad estadounidense de Miami, a una de las 36 propiedades adquiridas por los Weinberg.
Se trata de una mansión ubicada en Golden Beach, norte de Miami, con un valor superior a los 3 millones de dólares. Posteriormente se mudó a un penthouse, de los mismos dueños-.
En febrero de 2023, Pablo Gómez, titular de la UIF, dio a conocer que el exsecretario de seguridad desvió 745.9 millones de dólares a través de 44 empresas con 30 contratos distintos.
El dinero fue movido a empresas de Florida y después dispersado en paraísos fiscales.
El funcionario expuso que la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, interpuso desde septiembre de 2021 una demanda civil en Florida contra García Luna y siete presuntos cómplices, incluyendo su esposa, con el fin de recuperar los activos adquiridos.
Los imputados son Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira, Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Dona Pinto de Weinberg, Natan Macier Caub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero.
Dentro de la lista de bienes comprados con recursos públicos que identificó la UIF están propiedades por valor de más de 17 millones de dólares y 42 vehículos de lujos de marcas como Fiat, Ferrari, Rolls Royce, Maserati y Lamborghini.
(Con información de Aristegui Noticias y R3D)
