Una jueza federal ordenó este martes a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado nombrar de manera inmediata a los 3 comisionados que están pendientes por ser designados en el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
La jueza Décimo Séptima de Distrito en Materia Administrativa, Celia Quintero Rico, concedió una suspensión provisional para que la Junta de Coordinación Política para realizar el nombramiento del comisionado que sustituirá a Francisco Javier Acuña.
“Se concede la medida cautelar para el único efecto de que la Jucopo cese la omisión reclamada y con base en el dictamen de las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia, por el que se propone el listado de las y los candidatos que, con base en los principios de especialización e idoneidad, reunieron las condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado del INAI, acuerde el nombramiento que debe someter al pleno de la Cámara de Senadores para su aprobación, con la finalidad de ocupar el cargo que deja disponible el comisionado Acuña”, ordenó la jueza.
Además, la jueza dio un plazo máximo de 48 horas a la Jucopo del Senado para acreditar que ya ha cumplido con una suspensión definitiva que fue otorgada desde el pasado 3 de marzo, y en la cual se le ordenó llenar las otras dos vacantes en el órgano de transparencia.
El recurso a favor de la designación pendiente en el INAI fue promovido por Francisco Ciscomani, miembro del Consejo Consultivo del INAI.
Este mismo martes, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentó un recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual negó la petición del organismo para sesionar con 4 comisionados.
Esto después de que el Pleno no pudiera llevar a cabo la sesión programada para este martes, ya que no cuenta con el quórum legal necesario para realizarla.
Al inicio, se pasó lista y se dio cuenta que solo se cuenta con 4 comisionados, en lugar de 5 que es el mínimo necesario.
Dicho organismo se encuentra en inoperancia desde el pasado 31 de marzo debido a que no cuenta con el quórum legal necesario para sesionar por la falta de nombramiento de comisionados para las plazas faltantes en el Senado de la República.
Ante esto, la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, apuntó que continuarán acudiendo a las instituciones legales para que el Instituto pueda cumplir con sus funciones.
Señaló los ataques que ha sufrido el instituto, así como la incertidumbre que han provocado las propuestas de desaparecerlo.
Esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera a los legisladores que lo desaparecieran, así como la propuesta del morenista Alejandro Armenta en el mismo sentido.
Blanca Lilia Ibarra advirtió que los medios de comunicación y el periodismo de investigación “verán limitadas sus posibilidades de conocer y de difundir la verdad sobre el poder público”. “El derecho a saber sobre la vida pública de México se encuentra amenazado”, subrayó.
Expresó preocupación por el derecho de acceder a la información pública y a la protección de los datos personales. “No nos pueden callar, no nos pueden cerrar la boca para limitar el derecho a la expresión o al libre acceso a la información”, subrayó.
Consideró que “aún no se ha dimensionado lo que esté en riesgo” para la democracia mexicana. “Sin un organismo verdaderamente autónomo que obligue a las autoridades a transparentar el cumplimiento de sus funciones también está en riesgo la construcción de un estado de derecho”, reiteró.
Recalcó que sin las funciones del INAI se “envían señales de tolerancia a las prácticas de corrupción, lo cual ensanchará la impunidad, el ejercicio discrecional del poder y de los recursos públicos”. Además, los ciudadanos estarán “expuestos a la arbitrariedad ya la opacidad de los gobernantes”.
“El INAI es y ha sido y seguirá siendo incómodo para el poder”, concluyó.
Recordó que el organismo ha evidenciado algunos de los mayores casos de corrupción, muchos de los cuales han sido gestionados a través de las solicitudes de información. Por último, lo calificó como un instrumento “de control del Poder y de empoderamiento” de los ciudadanos.
