El gobierno de Italia declaró el estado de emergencia durante seis meses, una medida excepcional que les permitirá agilizar la toma de decisiones en cuestiones como la expulsión de los migrantes llegados por mar en situación irregular.
Pese a todo, poco se sabe sobre cuáles son las intenciones del Ejecutivo liderado por Hermanos de Italia, un partido que durante años ha criticado la gestión migratoria de los gobiernos precedentes.
Solo se conoce la duración que estará dotado con cinco millones de euros y servirá para “dar respuestas más eficaces y oportunas a la gestión de los flujos”.
En Italia, el estado de emergencia es un mecanismo por el cual, ante un problema determinado como un desastre natural, terremotos o inundaciones, el Ejecutivo adquiere poderes extraordinarios para decretar decisiones sin la necesidad de consultar al Parlamento.
En los últimos veinte años se ha declarado un total de 128 veces. Una de las últimas ocasiones fue tras la crisis sanitaria derivada de la pandemia, cuando esta norma fue prorrogada en varias ocasiones.
A medida que avanzaban las prórrogas crecía el descontento por las restricciones adoptadas.
El Ejecutivo de Meloni justifica esta medida drástica por el incremento de las llegadas por mar estos últimos días, un fenómeno que, según el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, registra un “aumento de un 300%”.
Según los medios italianos, en tres días han desembarcado más de 3 mil personas en sus costas.
“Dejadme ser claro, no estamos solucionando el problema, la solución solo puede depender de una intervención responsable de la Unión Europea”, aseguró el titular de Políticas del Mar.
Todo llega después de una tragedia, la del naufragio de Cutro, en Calabria, en febrero, que se cobró la vida de 91 personas.
El gobierno italiano llegó al poder prometiendo frenar la inmigración, pero en lo que va del año más de 31 mil migrantes han llegado al país, comparados con los 7 mil 900 en el mismo periodo.
Solo el lunes la guardia costera llevó a cabo dos operaciones que involucraron dos barcos con unas mil 200 personas a bordo.
Hasta el momento, la mayor norma de Meloni sobre la inmigración la tomó tras el naufragio de Calabria, cuando quiso aprobar nuevas medidas para endurecer los castigos a los traficantes incluyendo una nueva tipología de delito que comporta una pena de hasta 30 años de cárcel y cuotas preferenciales de entrada para los países de origen que luchen contra estas organizaciones.
También están poniendo trabas a las oenegés, forzándolas a navegar durante días para desembarcar en puertos alejados, aunque sin los resultados esperados.
A nivel europeo, la primera ministra está tratando de impulsar nuevas negociaciones, sin que por el momento haya habido grandes avances. Con el estado de emergencia Roma pretende dar de nuevo un toque de atención a Bruselas
Información de La Vanguardia
