Hermosillo, Sonora.- Ante la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de eliminar la prisión preventiva oficiosa en México, las autoridades estarían obligadas a modificar la Constitución y así acatarlo, pues desde 1981 el país reconoce su jurisdicción.
En entrevista para Proyecto Puente, Camilo Constantino Rivera, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, señaló que México debe aceptar el mandato de la Corte, que indica que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos.
“El problema es que han excedido en el abuso de la prisión preventiva (…) Solamente basta un señalamiento de una persona para que el imputado quede privado de su libertad uno, dos o tres años. Inclusive, estamos esperando esa resolución porque tenemos un caso de una persona que no hizo absolutamente nada, pero le dieron un señalamiento directo y con eso lleva seis meses privado de su libertad”, dijo.
En ese sentido, el también vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal apuntó:
“La Constitución Mexicana es muy clara en el sentido de que quienes están facultados (sic) para decretar la prisión preventiva tiene que ser un órgano jurisdiccional. No es una cuestión de moralidad, es una cuestión de legalidad (…) Se tienen que establecer parámetros objetivos para la aplicación de la prisión preventiva”.
A continuación, te compartimos la entrevista completa por nuestro canal de YouTube:
