Por José Arturo Rodríguez Obregón
Actualmente, en varios países con sistemas democráticos se practican algunos mecanismos a través de los cuales la ciudadanía tiene una participación determinante en los procesos decisorios gubernamentales en asuntos de interés general, e incluso dejan en sus manos algunas decisiones. La participación ciudadana en el ejercicio de gobierno aporta grandes beneficios políticos y sociales, entre los que podemos anotar los siguientes: legitima las decisiones del gobierno, orienta al gobierno en la toma de decisiones y permiten adecuar sus respuestas a las necesidades y demandas de la población, profundiza la democracia, favorece un clima de corresponsabilidad en la ciudadanía, mejora la transparencia, y reduce el riesgo de corrupción.
Es indudable que el ámbito municipal, al ser el ámbito en el que existe la mayor proximidad entre gobierno y población, es el que tiene las mejores condiciones para hacer de la participación ciudadana un insumo del ejercicio gubernamental.
En nuestro país, y aun cuando ya en las entidades federativas existen leyes de participación ciudadana que incluyen algunos mecanismos de participación para sus municipios, y que muchos municipios ya elaboraron sus reglamentos municipales en la materia, son muy pocas las experiencias de ejercicio de esos mecanismos. Quizá el que tiene un ejercicio más consistente es el del presupuesto participativo en las alcaldías (antes delegaciones) de la ciudad de México, y en algunos municipios del estado de Jalisco. Otros importantes mecanismos, como son el plebiscito y la consulta ciudadana, han sido poco practicados por los gobiernos municipales, aun cuando la ciudadanía los ha exigido en ciertas decisiones o proyectos, como ha sido el caso en concesiones de servicios públicos y afectación de espacios públicos.
Es importante destacar que las pocas experiencias de plebiscitos y consultas ciudadanas han tenido resultados positivos para el interés público, como lo demuestran las siguientes experiencias: el plebiscito llevado a cabo en el municipio de Chihuahua, Chih., en noviembre de 2019, y con el cual la ciudadanía rechazó el proyecto de concesión del servicio de alumbrado público cuyo costo de inversión era superior a los seis mil millones de pesos, y el plebiscito realizado en diciembre del año 2010 en el municipio de Guanajuato, Gto., y cuyo resultado también fue rechazar la decisión del ayuntamiento que autorizó la factibilidad de cambio de uso de suelo de las faldas de los simbólicos cerros El Hormiguero, La Bufa y Los Picachos, de parque urbano y de preservación ecológica, a zona de comercio y habitacional.
Cuando los gobiernos municipales se han negado a someter a consulta ciudadana sus decisiones o proyectos, por lo regular posteriormente se detecta que esas decisiones o proyectos no estaban justificados por el interés público, sino por el beneficio económico del mismo gobernante y/o de algunos empresarios, con un alto costo financiero o de infraestructura para los municipios, como fue el caso en el municipio de Hermosillo, Son., en el que el alcalde y la mayoría de los regidores ignoraron la demanda ciudadana de someter a consulta la concesión del servicio de alumbrado público que decidieron en febrero de 2017, y que implicó un costo para las finanzas municipales superior a los 3 mil 800 millones de pesos, y comprometió por quince años los principales ingresos propios del municipio, como son el impuesto predial y el impuesto de traslación de dominio.
Como vemos, la participación ciudadana en el ejercicio del gobierno reduce el riesgo de que los gobernantes tomen o ejecuten decisiones que lejos de beneficiar el interés público, solo buscan beneficios personales o particulares. La participación ciudadana debe ser ya un insumo imprescindible en el ejercicio de gobierno en los municipios, tanto en asuntos de interés general como de interés de sus colonias o barrios. Solo con una participación ciudadana constante en el ejercicio gubernamental será posible asegurar mejores resultados para el municipio y sus habitantes.
Esa leonina concesión fue cancelada por el ayuntamiento que le sucedió (2018-2021), aunque también con un acuerdo muy costoso para el municipio, de un pago de mil 441 millones de pesos a la empresa concesionaria, durante doce años.
