Luego de que el expresidente Enrique Peña Nieto fuera acusado por presunto lavado de dinero, según un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se dio a conocer que uno de sus funcionarios también es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el mismo delito.
Se trata de José María Tapia Franco, quien se desempeñó como director de la Gestión de Riesgos en la Coordinación de Protección Civil entre 2013 y 2016, un área que dependía de Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación (Segob).
Durante ese periodo, Tapia Franco gestionó el extinto Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Sin embargo, estuvo rodeado de polémica no solamente por las supuestas actividades ilícitas, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sino también por haber viajado a Las Vegas en 2013 mientras los huracanes Ingrid y Manuel azotaban el Pacífico mexicano.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en junio de 2019 que hubo un desvío millonario del Fonden desde la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la administración de Peña Nieto.
A pesar de los desvíos y malos manejos por millones de pesos, la investigación de la FGR contra Tapia Franco tiene que ver con una de sus empresas: Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres S.A de C.V., de acuerdo con el medio Reforma.
Dicha empresa obtuvo un contrato por adjudicación directa firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en marzo de 2020 para la compra de mil 330 ventiladores del extranjero que serían utilizados para atender la emergencia sanitaria por covid-19, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De ese total, 600 eran ventiladores marca Hamilton, que provenían de Suiza; el precio de cada uno era de 846 mil pesos aproximadamente. De igual manera se incluían 730 ventiladores modelo Shangrila, marca Aeon Medics, los cuales eran de España y China, con un valor de 898 mil pesos.
El contrato contempló un monto total de mil 350 millones de pesos y formó parte del Plan DN-III del Ejército mexicano con el fin de hacerle frente a la pandemia por coronavirus. Asimismo, el 50 por ciento de las acciones de la empresa pertenecen a Tapia Franco.
A pesar de que el contrato tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 (fecha límite para la entrega de ventiladores), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) registró un retraso de dos meses en la recepción de 730 ventiladores, por lo que la Sedena le impuso una pena de más de 61 millones de pesos. Además, la UIF comenzó una indagación sobre los movimientos financieros de dicha empresa y sus accionistas, detalló Reforma.
El 20 de noviembre de 2020 se presentó la denuncia correspondiente por presunto lavado de dinero. Los otros implicados fueron Lorena del Paso Bouchez -quien cuenta con el 40 por ciento de las acciones-, Daniel Monroy Fuentes y Edwin Alejandro Medina Hernández, quienes se desempeñaron como director y subdirector de área en Protección Civil en la gestión de Tapia, además de que cada uno cuenta con el 5% de la empresa.
Soluciones de Riesgos de Desastres S.A. de C.V. fue constituida el 19 de diciembre de 2018. De acuerdo con su objeto social, entre sus servicios destaca el asesoramiento, atención y gestión para la atención de fenómenos naturales, así como la venta, renta y distribución de infraestructura dañada.
En febrero de 2018, meses antes de haberse constituido la empresa, Tapia fue nombrado como coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade en la Ciudad de México, por parte del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza.
Con información de Infobae
