La 4 T en Sonora
Brevísimo Ensayo
I. Cultura
Guillermo Bonfil Batalla, en su ensayo “La querella por la cultura”, entiende la cultura “como un plano general ordenador de la vida social que le da unidad, contexto y sentido a los quehaceres humanos y hace posible la producción, la reproducción y la transformación de las sociedades concretas”. Expresa que esta querella “no puede ser más la ocupación onanista y desvelada de unos cuantos, ni el tema tan inevitable como intrascendente de una charla de salón. En la opción del proyecto cultural que modele el México de mañana, se decide nuestro ser y nuestra manera de ser. Es un asunto vital para todos: vamos a tomarlo en serio”.
Bonfil fincaba su exhorto en una definición de cultura que, reconocía, “se abre paso con dificultad aun en los medios políticos y académicos especializados”. Tanto su noción de cultura como su exhorto son muy atingentes en el enfoque que debemos proponer para atender el problema de ilegalidad, de la inseguridad y de la injusticia, porque permiten comprender la alta complejidad de los fenómenos y sugieren caminos por recorrer.
El hecho de que no exista en nuestro país una cultura de la legalidad y de la justicia, de ninguna manera significa que no haya una manera de ser y hacer.
II. Derecho
Los juristas que –como ironizaba Kant desde el siglo XVIII- seguimos buscando, sin encontrarla, una definición universal e irrefutable del concepto del Derecho, al menos coincidimos en que es “un orden coactivo de conducta”, según Hans Kelsen; o, con Eduardo García Máynez, es un orden jurídico, instituido por el hombre para la realización de valores colectivos, cuyas normas -integrantes de un sistema que regula la conducta de manera bilateral, externa y coercible- son normalmente cumplidas por los particulares y, en caso de inobservancia, aplicadas o impuestas por los órganos del poder público”.
Los conceptos de cultura y de Derecho coinciden en que constituyen un orden del ser y del deber ser, jurídico y de moralidad laica, de la vida social en cierta época y lugar.
Pero la cultura y el Derecho operan a través de las instituciones del Estado mediante la Política, término ampliamente utilizado a partir del siglo V antes de Cristo en Atenas, gracias a Aristóteles.
Es el proceso y actividad orientada ideológicamente a la toma de decisiones de un grupo para la consecución de unos objetivos. La Teoría del Estado o ciencia política estudia dicha conducta. Los estudiosos de la historia de las ideas políticas, de sus contenidos y métodos concluyen que la disciplina cuenta con suficiente presencia académica, creciente número de publicaciones y se prodigan los manuales didácticos. Sabemos de ciclos de conferencias publicadas que cubren toda la evolución histórica desde la Edad Media.
III. Cultura de la legalidad y de la justicia
La cultura jurídica y la cultura política comprenden la llamada cultura de la legalidad y de la justicia, que hunde sus raíces en la Revolución Francesa, entre 1789 y 1799, cuyas consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del Antiguo Régimen, evento considerado como parte de las revoluciones con connotación burguesa, y la pionera e inspiradora de las que la sucederían durante el siglo XIX.
La historia de la Cultura de la legalidad en México no es nueva. Su inicio se remonta a los Sentimientos a la Nación mexicana, al sentimiento de lo justo que brotó un día, hace doscientos nueve años, en aquel maravilloso documento que lleva por nombre Decreto Constitucional de Apatzingán. Las palabras proceden de Morelos, del Capitán del Anáhuac, que fue el primer socialista humanista de América:
“La buena ley es superior a todo hombre”.
Luego a los años 1821-1822 cuando fue electo el primer presidente Guadalupe Victoria, fueron creadas las cámaras de senadores y de diputados, para muchos el nacimiento de nuestro Estado de derecho.
La cultura de la legalidad es la aceptación jurídica y moral laica de un marco jurídico constitucional y legal -previamente promulgado- por parte de los ciudadanos y habitantes de un Estado. Actúa sobre la política nacional del Estado de derecho, pues tiene que ver con la actuación del gobierno.
La cultura de la legalidad y de la justicia es un mecanismo de autorregulación individual y regulación social que exige, de todos y cada uno de los ciudadanos, una armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales y las tradiciones culturales. Es crear la costumbre de manejarse cotidianamente con legalidad, sin que una tercera persona tenga que forzarnos. Es estar consciente de que si uno actúa de esa forma, se está colaborando a mejorar la sociedad de la que siempre nos quejamos, pero que nosotros deterioramos. No actuar con legalidad puede ir desde una mínima infracción de tránsito, hasta crímenes graves. Cualquiera de ellos enferma a la sociedad y hace que la convivencia sea cada vez más imposible.
Los expertos atribuyen ocho características a la Cultura de la legalidad y de la justicia. Hagamos un ejercicio y cotejemoslas con nuestra realidad:
1. Las personas de una sociedad conocen las partes esenciales de las leyes más importantes del documento oficial que las rige.
Nuestra educación integral y la legal es deficiente y nuestros índices de lectura –de menos de 4 libros serios por habitante al año- nos condenan. Según INEGI, en 2021 la población adulta declaró leer más libros comparado con levantamientos anteriores, el promedio de los que leyó en los últimos doce meses fue de 3.7 ejemplares. Las mujeres declararon más (3.9 y 3.5 respectivamente).
2. La mayoría de las personas en una sociedad aceptan y comprenden las leyes marcadas por ellos mismos o por sus representantes.
Como toda sociedad moderna, nuestra elefantiasis legislativa y administrativa lo hace imposible aún para los especialistas en Derecho, sin perjuicio del famoso apotegma de Von Kirchman desde 1847: ”Basta una palabra del legislador y bibliotecas enteras se convierten en basura!”
3. La sociedad está controlada y estructurada legalmente por poderes de la unión y un gobierno bien organizado.
Ciertamente nuestra estructura constitucional abstracta está incólume, pero el problema es la eficacia concreta de sus instituciones y la estructura técnica y ética de las personas que las encarnan.
4. Existe un castigo o sanción a las personas o grupo que cometan una violación a la ley.
La cifra negra histórica de la delincuencia nos dice que, aproximadamente, de cada 100 crímenes cometidos, 12 denunciados. De éstos, sólo 10 llegan a la fase de averiguación o vinculación. De éstos, 8 fueron consignados al juez. De los consignados, 6 están sujetos a proceso y merecen castigo. De quienes lo merecen, el debido proceso les permiten libertades anticipadas y no pocos reinciden. Círculo perverso. Una fortuna gastada para una punibilidad del 5%. El 28.4% de los hogares contó con al menos una integrante víctima del delito.
Ni qué decir de las condiciones deplorables de nuestro sistema penitenciario. Datos oficiales arrojan que al cierre de febrero pasado la cifra de personas en reclusión era de 217 mil 969; 189 mil 897 acusados de delitos del fuero común, y 28 mil 72 del fuero federal.
5. Existe un proceso de defensa de acusados.
Sí existe, pero siendo la filosofía de la defensa penal un fruto humanista para los inocentes acusados, por error o injusticia, una clase de abogacía particular les otorga, a los culpables, su encubrimiento, su complicidad y su no poco redituable modus vivendi.
6. Existe un sistema de apoyo a víctimas.
Sí, en una tardía reforma constitucional se les rescató del olvido y otorgó el derecho a recibir asesoría jurídica e información del proceso; a coadyuvar con el Ministerio Público; a recibir atención médica y psicológica de urgencia; a que se le repare el daño y a solicitar medidas para su seguridad y auxilio.
PERO la cifra de desapariciones forzadas y las comunes, el descubrimiento de mini panteones en el País y la ejemplar hazaña humanitaria de la Madres buscadores, nos condenan.
7. Existe un sistema para cambiar las leyes.
Sí, el método rígido del art. 135 constitucional que gradualmente alcanza su eficacia.
8. Se condena a la delincuencia y corrupción.
Ya dijimos que prácticamente no. La corrupción es otro ingrediente que no puede soslayarse y nos pide un alto:
Mal endémico, sabemos que la corrupción por medio del soborno es un fenómeno universal, y todas las culturas, con pequeñas excepciones, desaprueban los actos de reciprocidad, las dádivas a cambio del favor de un funcionario.
En México, las narraciones sobre la aplicación del Derecho hispánico en las tierras de la Corona Española dan cuenta de medios de control, en las visitas y en los Juicios de residencia. Las primeras, en el momento en que la sospecha o la denuncia surgieran, las segundas sólo se exigían al terminar su mandato la autoridad residenciada.
El propio Hernán Cortés, gobernante de México, después de conquistarlo fue sujeto a un Juicio de Residencia, por su irregular forma de actuar. No siempre fue igual este Juicio. Se perfeccionó y podían ser sus sujetos los Virreyes, Gobernadores, Militares, Intendentes, Presidentes de Audiencias y Oidores Fiscales, entre otros.
En agosto de 1997, investigadores alemanes de la Universidad de Gottingen lanzó al ciberespacio la primera clasificación internacional Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), mide niveles de corrupción en el mundo y empezó por analizarla en 41 países. Transparencia Internacional calificó a nuestro país, en su primer Informe público, en un deshonroso lugar, entre 41 países. De momento la clasificación incluyó sólo a países, pero la medida no está circunscrita al gobierno, refleja el nivel de corrupción promedio en el país con todos sus sectores.
“Queremos reflejar la corrupción que podría encontrar un ciudadano común, en la cual si quiere hacer un negocio o ir de turista simplemente, como parámetro estadístico”, dijo.
La clasificación da una idea general con base en las comparaciones y parámetros de referencia. Entre más cerca se esté del diez, más limpia es la sociedad analizada.
Los países menos corruptos clasificados: Nueva Zelanda, Dinamarca, Danganpa, Finlandia, Canadá, Suecia, Australia, Suiza, Holanda y Noruega.
Los diez países más corruptos: Indonesia, China, Paquistán, Venezuela, Brasil, Filipinas, India, Tailandia, Italia y México.
Con clasificaciones medias: Estados Unidos, Chile, Corea del Sur, Malasia, España y Francia.
En la edición 2021 del IPC, México mantuvo calificación de 31 puntos (escala de cero a 100 que sería la mejor calificación posible).
Con esa calificación, se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados.
México sigue siendo el país peor evaluado de los 38 que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En el G20, ocupa la posición 18 de 19 países evaluados.
La confianza de los mexicanos en la honestidad de los políticos está debajo de la media que expresan ciudadanos de otras naciones, según informes históricos sobre competitividad mundial que elabora el Foro Económico Mundial, grupo independiente en Davos, Suiza, forman parte las empresas más importantes del planeta y cuenta entre sus consultores y colaboradores a prestigiados académicos.
En el indicador de la confianza del público en la honestidad de los políticos, sitúa a México en el lugar 43 de 75 naciones, con una calificación de 2.5.
En conclusión: de los ocho parámetros, México cumple dos: 2.5 de calificación.
IV. Inseguridad pública
Vinculado con la ilegalidad y la injusticia, existe el problema de la inseguridad pública.
La cultura de la legalidad es un antídoto de la inseguridad. De entre los múltiples problemas que afectan al sistema de interacciones que conforma a nuestra sociedad, la inseguridad se ha instalado en el centro de las preocupaciones de los individuos.
El tema está en la agenda de los gobiernos, ocupa espacios importantes en la de los organismos internacionales y circula en los medios académicos una vasta producción intelectual. Sin embargo la inseguridad en su dimensión objetiva y en la subjetiva no cede un ápice, está en el incremento constante de hechos delictivos y de sus víctimas, en el miedo que modela conductas y actuaciones de los individuos.
El reto continúa siendo, con el diagnóstico, explorar modelos de intervención que resuelvan de raíz el problema y propicien nuevas realidades.
Desde el Foro Económico Mundial ya se le hizo saber al gobierno mexicano que la falta de resultados en el combate a la delincuencia y la impunidad provocan un comercio ilegal que asciende a 3% del PIB nacional y pérdidas en impuestos de hasta 13 mil 500 millones de pesos anuales.
por Héctor Rodríguez Espinoza.
Va de comercial: Mi libro El combate mundial contra la corrupción, Ed. Porrúa 2021. En Librerías Universidad de Sonora, Porrúa y Gandhi.
