Columna Contra las Cuerdas
Al detectarse que muchos automovilistas de CDMX se van a emplacar al Edomex, Morelos o Guerrero con el objetivo de pagar menos y evitar el pago de la tenencia vehicular, el Congreso de la capital cambió la ley para acabar con la libertad del capitalino de elegir dónde emplacar su auto.
Sin embargo, en el gobierno de la Ciudad aún nadie sabe cómo se va a implementar el trámite obligatorio para quienes sean propietarios de autos con valor de más de 250 mil pesos sin importar el modelo.
En la oficina de Martí Batres, secretario de Gobierno, te dicen que la Secretaría de Movilidad será la encargada de poner en marcha la nueva disposición y suena lógico. Sin embargo, en la dependencia te remiten a la secretaría de Finanzas, donde vuelven a canalizarte con Semovi.
Mejor buscamos a Carlos Hernández Mirón, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México, y uno de los principales impulsores de la medida para que nos contara los detalles de cómo será la operación.
—Tengo un auto con placas del Edomex, pero vivo en CDMX ¿Qué debo hacer?
— Si tu domicilio fiscal se encuentra en la Ciudad de México, tienes que sacar la placa de tu vehículo en la Ciudad de México.
— ¿Cómo va a hacer la autoridad para obligarme? Me imagino a los policías en cada semáforo cazando automovilistas y aprovechándose de la situación para extorsionar. O ¿cómo va a ser la investigación inmediata al automovilista para demostrar que vive en el Edomex o no?
—Si el costo de tu vehículo es menor a los 250 mil pesos y trabajas en la Ciudad y lo tienes emplacado en otro lugar, pues ya tienes exenciones. Pero si tu vehículo es de alta gama entonces sí se conmina a que emplaques aquí en la Ciudad y pagues los impuestos en la Ciudad.
–Hay mucha gente que saca créditos y va pagando su coche como puede y su valor es de más de 250 mil pesos.
–Es necesario que haya una campaña informativa mucho muy amplia y una simplificación en los trámites porque no va a ser ni requisa, ni tampoco cacería, ni todos estos calificativos que se le ponen. No, no es así– enfatizó el diputado.
— ¿No cree que se detone la extorsión?
— Tendrán que tener capacitación los chicos egresando de las escuelas policiales y formados en estos temas, también las personas, el tesorero, el procurador, la Secretaría de Movilidad para que no se llegue a este exceso.
Déjeme darle un dato: en septiembre los ingresos por pago de impuestos habían superado las estimaciones aquí en la Ciudad de México. Eso habla de la confianza que le tiene la población directamente a su gobierno.
—¿Y entonces quién se encarga de que esta modificación a la ley se cumpla, quién me va a pedir que yo pueda comprobar que efectivamente soy del Estado de México o no, cuando el trámite no se haga de manera voluntaria?
—A mí me parece que obviamente, la Tesorería tendrá que definir los criterios en ese caso. Me parece que va a estar un tanto alejado de los policías. Esa es mi percepción.
— El asunto es que parece una ley al vapor cuando ni siquiera se tiene idea de las reglas todavía. Quedan muchas cosas en el aire.
— Tiene que haber obviamente todo un proceso que será informativo a la población. Ese es el espíritu de las diputadas y de los diputados. Esta modificación del Código Fiscal te quiero decir que fue acompañada de la mayoría de los partidos políticos.
–¿De cuánto es el boquete a las finanzas públicas por el hecho de que se reemplaque autos en otras entidades?
—No, no tengo todavía la estimación, pero sí te puedo decir lo siguiente Mira, tenemos en el Congreso de la Ciudad el Instituto de Investigación de las Finanzas Públicas de la Ciudad de México, y aquí vamos a revisar no solamente cuánto se pierde, sino cuánto con esta medida podemos recuperar para la atención de las calles, de las luminarias, de la infraestructura de la Ciudad de México.
Así la charla con el diputado. Uno creería que primero se estudian los ingresos y después se legisla. Usted, saque sus propias conclusiones.
Uppercut: Nacho Mier ya anotó en su lista de temas la orden de Mario Delgado para que los diputados de Morena inicien juicio contra consejeros del INE por acordar suspender los preparativos para la consulta popular de revocación de mandato debido a que el Congreso no dio recursos para ese ejercicio.