El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, solicitó nuevamente una prórroga a un juez federal para ampliar el plazo de entrega de pruebas a su favor en el proceso que se le sigue por haber recibido presuntamente sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Es la sexta ocasión que Lozoya solicita un aplazamiento para el cierre de la investigación complementaria. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte decidirá en la audiencia de este miércoles 3 de noviembre si accede a su solicitud.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) se opuso a concederle más tiempo a Lozoya, de acuerdo con el diario El Universal, que asegura que la institución solicitó al juez declarar cerrada la investigación para poder realizar formalmente una imputación y solicitar la apertura del juicio. Si esto ocurre, la FGR tendrá 15 días para presentar su acusación por los delitos de lavado, asociación delictuosa y cohecho.
El rotativo aseguró que la nueva prórroga solicitada por el exfuncionario es de 60 días y se debe a que “está pendiente la práctica de una asistencia jurídica internacional dirigida a las autoridades de Brasil para conocer si el acuerdo de colaboración que firmó Luis de Meneses Weyll, director de Odebrecht, está o no revocado de manera definitiva”.
La audiencia de este miércoles está programada a las 9 de la mañana y será abierta al público y a la prensa, según los lineamientos para el acceso a las audiencias públicas dados a conocer el pasado 29 de octubre por el Consejo de la Judicatura Federal.
No obstante, de acuerdo con versiones periodísticas la comparecencia de Lozoya y de los fiscales podría darse por videoconferencia.
Los lineamientos del CJF establecen que la asistencia de periodistas y público será de acuerdo con el orden de llegada, previo registro y hasta agotar el 50% de la capacidad del sitio. No será permitido el ingreso con dispositivos electrónicos como teléfonos, tabletas, computadoras, grabadoras y cámaras, para salvaguardar el derecho a la intimidad, el debido proceso y la presunción de inocencia.
Lozoya fue vinculado a proceso a finales de julio del año pasado por las causas de Odebrecht y Agro Nitrogenados. La FGR le imputa delitos de asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por supuestamente haber recibido sobornos por más de 10 millones de dólares por parte de la compañía brasileña Odebrecht y 3.5 millones de dólares por parte del empresario Alonso Ancira, quien fuera propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de contratos y de la compra de la planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio injustificado.
El caso de Odebrecht tiene que ver con la relación entre Lozoya y Luis Alberto de Menesses, director superintendente de la constructora. Esto llevó al pago de varios millones de dólares a empresas vinculadas con el ex funcionario, supuestamente para apoyar la campaña del PRI en las elecciones en las que fue electo presidente Enrique Peña Nieto.
No obstante, parte de este dinero fue destinado en agosto de 2013, a la compra de un inmueble en el estado de Guerrero, por un valor de 1 millón 900 mil dólares. En esta operación está involucrada la esposa de Lozoya, Marielle Helen Eckers, según señala la documentación de la extradición.
En aras de poder acogerse a un criterio de oportunidad, Lozoya realizó una denuncia de hechos en agosto de 2020, en la que señaló al expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, así como otros funcionarios y legisladores de varios partidos políticos. Por el momento, la FGR ya procedió legalmente contra el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, el excandidato presidencial, Ricardo Anaya y contra el exdirector de Pemex, Carlos Treviño.
A mediados de octubre, el diario Milenio reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) buscará imputar el delito de delincuencia organizada a 16 involucrados en el caso Odebrecht, como el expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray y el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya.
Hasta el momento, el Ministerio Público solo ha realizado imputaciones por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho en el caso de las tres personas que han sido acusadas formalmente, como es el caso de Anaya, del exdirector de Pemex, Carlos Treviño y del exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury.
Por este motivo, el día 3 de septiembre la Fiscalía Especializada a cargo de Alfredo Higuera Bernal integró una carpeta de investigación por este delito, en el que destaca la mención al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, por haber obtenido recursos de Odebrecht con la intermediación de Lozoya.
Según la FGR, los recursos obtenidos, se utilizaron para financiar la campaña de Peña Nieto en 2012, cuando obtuvo la presidencia de la República. El dinero también fue utilizado para sobornar legisladores y conseguir la aprobación de la reforma energética y otras impulsadas por su gobierno.
Los señalamientos se desprenden de las investigaciones y testimonios obtenidos desde que Lozoya presentó su denuncia de hechos el año pasado.
