Columna Contra las Cuerdas
En 2015, Artículo 19 promovió el primer amparo en contra de la omisión legislativa para emitir una ley que regulara la publicidad oficial, al violar el derecho a la información y a la libertad de expresión, al no contar con criterios claros de asignación.
En 2017, el organismo obtuvo el fallo a favor: el Congreso de la Unión no estaba haciendo su trabajo y debía aprobar una legislación al respecto.
Presionado por los tribunales, organismos públicos y la opinión pública, la LXIII Legislatura aprobó una polémica ley en publicidad oficial que fue severamente cuestionada por las ONGs y Artículo 19, pues estaba claro que la Ley General de Comunicación Social no frenaba la asignación discrecional de recursos públicos ni la utilización de éstos para fines proselitistas o electorales.
Fueron poco más de 61 mil millones de pesos los que se ejercieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, alrededor de 10 mil 200 millones de pesos al año, muy superior si se compara a los seis mil millones en los primeros dos años del gobierno de López Obrador, es decir, tres mil millones por año.
Aunque el gasto era menor, seguía siendo imposible conocer con precisión cómo se destinan los recursos en la 4T, y los detalles de las contrataciones que se llevan a cabo con los medios de comunicación.
La bancada de Morena en la LXIV Legislatura determinó mandar a la congeladora todas las iniciativas correspondientes, a pesar de haber sido una de sus principales demandas como oposición.
Las afectaciones de la Ley General de Comunicación Social impactan en detrimento del objeto social o en la esfera jurídica de Artículo 19, al ser una organización civil dedicada a la defensa y la promoción de los derechos humanos en libertad de expresión y derecho a la información.
Entonces, la decisión de la Suprema Corte marca un precedente muy importante y similar al de la sentencia pasada. Ahora el Congreso de la Unión tiene como fecha límite el 15 de diciembre para subsanar las deficiencias de la ley.
Pide Sedena para avión presidencial
¿Ya le gustan los aviones a la Presidencia?
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el apartado Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión, se contempla la partida 12071320003, denominada: “Adquisición de una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y el Estado Mayor”. Y menciona que el costo es de cinco mil 792 millones 115 mil 303 pesos.
Más desaparición de fondos
La Ley de Ingresos propuesta ayer por parte de Hacienda al Congreso dejaría sin atención a millones de mexicanos que puedan padecer algunas de las 66 enfermedades que provocan gastos catastróficos para lo que fue creado el fideicomiso. A junio de 2021, el Fideicomiso de Salud para el Bienestar (Fonsabi) dispone de 66 mil 474.9 millones de pesos.
Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado del PAN, alertó sobre dicha desaparición al asegurar que Hacienda contempla esa bolsa como ingresos para las arcas de la Federación para el año entrante, y por consiguiente elimina de facto el Fonsabi.
Eso es lo que explica que aumentaran los ingresos, de acuerdo con la propuesta del gobierno federal.
•••
Uppercut: La Cámara de Diputados discutirá este jueves la Ley de la Armada de México, proveniente del Senado. De acuerdo con especialistas en derecho constitucional, como José Ramón Cossío Díaz, lo que pudiera parecer una mera actualización orgánica de las funciones que ya realiza la Marina, en realidad se trata de una ampliación de facultades en favor del proceso de militarización que vive el país.
