El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no ha desinstalado el software Pegasus, creado por la empresa de cibervigilancia israelí NSO Group.
En el micrositio “Ante la Opinión Pública”, creado para dar a conocer la información relacionada con intervenciones de comunicaciones privadas y el caso Pegasus, reseñó que el 20 de febrero de 2019 emitió una resolución en la que instruyó a la FGR el cumplimiento de diversas medidas sobre el espionaje con este software.
Entre las medidas se encontraba que la FGR “acreditara de manera formal que el sistema denominado Pegasus hubiese sido desinstalado del hardware en posesión de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Agencia de Investigación Criminal y que dicho software no se encontrara instalado en algún equipo en posesión de la FGR”.
El INAI también ordenó a la Fiscalía que precisara las políticas, métodos y técnicas que dieran cuenta de la desinstalación del sistema Pegasus; además de que acreditara fehacientemente que no es factible instalarlo nuevamente en algún equipo en posesión de la FGR, considerando la irreversibilidad, seguridad y confidencialidad.
Igualmente pidió los oficios que acreditaran la comunicación a sus unidades administrativas de la adopción de estas medidas, respecto de todos los sistemas que lleven a cabo tratamiento de datos personales, “debiendo considerar en todos los casos el resguardo de las bases de datos generadas con motivo del uso de ese tipo de tecnología”.
El 4 de abril de 2019, la FGR respondió que no es posible establecer medidas o desinstalar el software Pegasus, debido a la carpeta de investigación abierta en 2017 por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en torno al espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos.
Señaló que si procediera a la desinstalación de Pegasus, vulneraría las actuaciones del Ministerio Público, que se encuentra investigando hechos materia de su competencia.
Por esa repuesta, la Dirección General de Cumplimientos del INAI, requirió el 1 de julio de 2019 a la FGR que informara del estado procesal de dicha carpeta de investigación. El 21 de agosto de ese año, la institución respondió que la carpeta se encontraba “aún en integración y trámite por lo que para no afectar la investigación no se puede dar a conocer aún”.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión dio acceso al INAI para que pudiera revisar la carpeta de investigación en las instalaciones de la Fiscalía, “pero al continuar en integración no es posible dar a conocer su contenido”.
El INAI aclara que en dos ocasiones más ha requerido a la FGR dar a conocer el estado procesal de la carpeta y que la Fiscalía ha manifestado “que la misma aún se encuentra en la etapa de investigación inicial. Motivo por el cual, el expediente aún continúa en trámite”.
En febrero de 2019, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) rechazó la afirmación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de que el ‘malware’ Pegasus había sido desinstalado de los equipos desde los cuales operó el sistema de vigilancia.
Mencionó que si fuera el caso, esto pudo haber constituido un acto deliberado de destrucción de evidencia, encaminado a entorpecer la investigación en torno al abuso del sistema que se sigue ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión desde 2017.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, reveló este miércoles que se encontraron 31 contratos del gobierno mexicano con empresas vinculadas a la compañía de cibervigilancia israelí NSO Group, creadora del software de espionaje Pegasus.
La suma de estos contratos es de mil 970 millones 63 mil 967 pesos, además de 61.3 millones de dólares, lo que Rodríguez consideró una “afectación a las arcas públicas”. El dinero se utilizó para la adquisición de software, hardware, bases de datos, plataformas, licencias y mantenimiento de estos equipos.
Aseguró que este ‘malware’ operó entre 2011 y 2018 en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y que fue adquirido en un primer momento por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) al Grupo Tech Bull, que era el distribuidor de la empresa israelí.
“No obstante, para sus transacciones, la empresa israelí usó otras compañías fachada, llevando a cabo así una simulación de contratos relacionados con el software Pegasus en diferentes instancias del gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia”, señaló.
Dijo que la información ya fue entregada a la Fiscalía General de la República (FGR) con el propósito de que se realicen las investigaciones correspondientes y se “de con los responsables de esta ilegal práctica que violó la intimidad de periodistas, políticos, luchadores sociales, empresarios, defensores de derechos, servidores públicos, legisladores”
