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viernes, mayo 1, 2026

FGR acusa a los candidatos Samuel García y Adrián de la Garza por delitos electorales

Noticias México

De Mario Villanueva a Rubén Rocha Moya: los 6 gobernadores que han tenido problemas con EEUU por vínculos con el narco

De Mario Villanueva a Rubén Rocha Moya, al menos seis gobernadores mexicanos han sido señalados o procesados en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, en casos que han marcado la relación bilateral en materia judicial.

El expediente contra Rocha Moya forma parte del caso judicial contra Los Chapitos

La acusación anunciada el pasado 29 de abril contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios forma parte del caso judicial abierto desde 2023 en el Distrito Sur de Nueva York en contra de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, líderes de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa e hijos del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

México sale de lista de vigilancia en propiedad intelectual de EEUU rumbo a revisión del T-MEC: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que la reciente decisión de Estados Unidos de retirar a México de su lista de vigilancia prioritaria en materia de propiedad intelectual representa una señal positiva de cara a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
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La Fiscalía General de la República (FGR), abrió una carpeta de investigación contra los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza (PRI) y Samuel García (Movimiento Ciudadano) por presuntos hechos delictivos de índole electoral.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) señaló al candidato Samuel García, a su esposa Mariana Rodríguez y al padre de ésta, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez, por el delito de “aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales”.

La FGR explicó que los hechos se están investigando para determinar la acción jurídica que proceda. Añadió que las “denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria”.

Samuel García respondió a través de sus redes sociales que cuando las autoridades se lo requieran se presentará a declarar pues “no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional”.

Aseguró que “de lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas” y que las denuncias y ataques contra él y su familia son porque “vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León”.

En abril pasado, Animal Político publicó que autoridades federales investigan desde el 2019 a Samuel García por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) está avisado de estas indagatorias y ya verifica si detrás de estos movimientos de recursos existe algún financiamiento electoral ilegal.

Entre las operaciones investigadas están depósitos de 26 millones de pesos provenientes de una empresa confirmada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como fantasma; otros 170 millones triangulados entre firmas ligadas a operaciones inusuales y presunto lavado de dinero; consumos por más de 18 millones de pesos con tarjetas de crédito, y diversos retiros por varios millones en efectivo.

La indagatoria federal también incluye a la esposa, el suegro y el padre de García Sepúlveda. Los tres estarían implicados en una trama de transferencias millonarias señaladas como sospechosas por las áreas antilavado del sistema financiero que ascienden a más de 180 millones de pesos.

Hay, además, operaciones que no fueron reportadas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que de confirmarse darían paso a denuncias penales por posible evasión o defraudación fiscal, entre otros ilícitos.

Van contra candidato del PRI por tarjeta rosa

En el caso del priista, la FEDE señaló violaciones a la ley electoral por la compra y coacción del voto a través de la entrega de una “tarjeta rosa”, “que permite obtener dinero, una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León”.

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