La Fiscalía General de la República (FGR) ha contratado, en los dos últimos años, programas para el espionaje masivo de teléfonos móviles a una empresa intermediaria de la principal proveedora en materia de ciberespionaje durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso El País, en 2019 y 2020, la Fiscalía firmó al menos cuatro contratos por 5.6 millones de dólares con la compañía Neolinx de México.
Las compras se hicieron bajo la partida secreta en materia de gastos de seguridad nacional, por lo que los contratos no fueron transparentados por la Fiscalía, según el medio. En el sexenio anterior la compra del programa Pegasus con el que se espió a activistas y periodistas también se realizó con cargo a esta bolsa del presupuesto.
Neolinx es una empresa creada en 2009 y vinculada a la venta de equipos de espionaje y ha fungido en el país como intermediaria de la italiana Hacking Team. En 2015 se filtraron al público miles de correos y documentos internos de la compañía, los cuales evidenciaban que México era el principal comprador mundial de sus programas espías con una inversión de casi seis millones de euros.
La información filtrada reveló que 12 entidades del país tenían relaciones comerciales con la compañía de hackers a través de otras empresas intermediarias, entre ellas Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Campeche.
Según el análisis hecho por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), en ese entonces Neolinx habría vendido sus productos al gobierno de Guerrero y del Estado de México, así como a la Policía Federal, a la entonces PGR y Defensa Nacional, entre otras dependencias.
En abril de 2018, la empresa habría firmado el último contrato con la Fiscalía antes del cambio de administración.
Ahora, de acuerdo a la información obtenida por El País, se sabe que Neolinx ha seguido vendiendo sus insumos y servicios al gobierno actual, esta vez como intermediaria de la empresa israelí Rayzone Group.
El diario encontró en diversos informes del órgano interno de control de la FGR que la Fiscalía al mando de Alejandro Gertz Manero ha celebrado al menos cuatro contratos para servicios de consulta y análisis de datos masivos, así como para localización geográfica.
El primer contrato celebrado durante la gestión de Gertz Manero al frente de la FGR estuvo a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y se firmó el 30 de mayo de 2019 por un monto de 2.4 millones de dólares.
El servicio descrito en el contrato es conocido en el mercado del ciberespionaje como Geomatrix y es el mismo que había adquirido la FGR en el sexenio anterior y que era usado sin controles, según una publicación de 2019 hecha por la R3D en colaboración con Reporte Índigo.
Con información de El País.
