La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, volvió a pronunciarse en contra de que sean candidatos quienes tengan antecedentes de violencia contra las mujeres, pero esta vez dejó claro que basta con que sea un asunto de conocimiento público, aunque no haya una resolución judicial.
Lo dijo en respuesta a una pregunta expresa sobre la candidatura de Félix Salgado Macedonio para llegar a gobernador de Guerrero por Morena, planteada durante la conferencia sobre violencia de género que realiza los días 25 de cada mes.
“Mi posición ya la establecí: ningún partido político puede tener como candidato a personas que tengan situaciones, cuando menos conocidas —porque ahorita no hay hasta donde yo sé ni sentencia ni resolución—, que tengan un tema de violencias contra las mujeres y violencias en todos los ámbitos”, afirmó.
También hizo mención a otro “personaje” que no es político sobre el cual pesan acusaciones públicas de violentar mujeres, pero no ahondó y tuvo que retirarse porque tenía otro compromiso.
Hace exactamente una semana, sin decir nombres, señaló en un discurso que cualquier persona que aspire a un cargo de elección popular tiene que demostrar su idoneidad para el cargo y no haber violentado mujeres previamente. Aunque recordó la aprobación de la 3 de 3 al respecto, que se refiere a que todo candidato firme de buena fe que no ha sido condenado por violencia familiar, sexual o incumplimiento del pago de pensión alimenticia.
Con su declaración de este jueves, vuelve a contradecir la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador apenas minutos después de terminada la conferencia matutina, en la que volvió a minimizar los llamados de mujeres organizadas a dejar de apoyar la candidatura de Salgado Macedonio con la frase “rompa el pacto”, ya que dijo que ni siquiera sabía a qué se referían, e incluso habló de romper el Pacto por México.
En la conferencia en Segob también se preguntó por el tema del pacto patriarcal, pero la secretaria ya se había retirado tras la primera pregunta, por lo que fue la coordinadora del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra las Violencias hacia las Mujeres, Niñas y Adolescentes (GIEV), Alicia Leal Puerta, quien contestó.
“Cuando se pide que se rompa un pacto, se le está pidiendo a los hombres que rompan este pato. ¿Cuántos violadores conocen a otros hombres que callan?, sus amigos, sus compañeros de escuela, ellos no pueden seguir siendo cómplices. Pedimos que rompan el pacto porque no podemos seguir guardando silencio contra estas injusticias. El pacto se tiene que romper desde adentro, ellos deben romper el pacto patriarcal”, explicó.
En la conferencia mensual para informar qué se está haciendo para combatir la violencia contra las mujeres, participó por segunda vez la nueva secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, que asumió el cargo en diciembre pasado.
Informó que se impulsó que en todas las mesas de paz y seguridad que se llevan a cabo en los estados y a nivel de regiones prioritarias, se impulsó que una vez a la semana se analice la violencia de género y participe en ellas una representante del Instituto Nacional o los locales de las Mujeres.
En lo que va del año, ya se logró que ocurra así en el 92% de las mesas regionales de construcción de paz y el 87% de las estatales.
En Guanajuato, Guerrero, Sinaloa y Tlaxcala, además, se está dando seguimiento en esas mesas de altos funcionarios a cada carpeta de investigación por delitos como feminicidio, violencia sexual, trata de personas y violencia familiar.
Por su parte, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, informó que siete estados se han creado módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo, es decir, módulos que se instalaron en las comunidades donde es más alta la incidencia delictiva contra las mujeres, y en otros siete están en proceso para abrirlos.
También se han empezado a crear “unidades de contexto” en las Fiscalías de los estados, que servirán para analizar la situación de las víctimas cuando se trata de delitos sensibles para mujeres y niñas. Para ello, este año entre los subsidios que se distribuirán a los 18 estados que tienen Alerta de Violencia de Género, está contemplado contratar a 643 funcionarias y funcionarios que harán estos trabajos especializados para detectar a tiempo a víctimas que estén en un riesgo inminente.
