Durante esta semana se desataron disturbios en varias ciudades en España durante protestas por la libertad de expresión tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, condenado por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo.
El tema se volvió álgido para el gobierno de coalición, pues uno de los partidos que lo integran, de extrema izquierda, exige que el rapero sea perdonado, al tiempo que critica a la policía por su presunta brutalidad.
Hasta hace unas semanas, el nombre de Hasél no era conocido en el país, y con sus rimas mordaces contra el sistema, el intérprete de 32 años es considerado como un poeta por algunos y un punk por otros.
Es simpatizante del movimiento independista de Cataluña y ha tenido roces con la ley que le han valido más de una sentencia, aunque nunca había pisado la cárcel. Además de tuits y letras, también fue acusado de agresión, obstrucción de la justicia y allanamiento.
Reincidió con una canción recientemente, además de unos tuits que insultaban al rey emérito Juan Carlos I y elogiaban a grupos terroristas, lo que llevó a que las autoridades lo arrestaran y encarcelaran en su ciudad natal de Lleida, en Cataluña, para cumplir con una sentencia de nueve meses.
LETRAS RADICALES
Hasél ha herido susceptibilidades e irritado a las autoridades en la última década. Entre sus insultos a la monarquía, describió al rey emérito como un mafioso que saquea el reino español.
En tuits se refirió a un fallecido miembro del grupo terrorista vasco ETA como si hubiera sido exterminado por el “estado torturador”. En otras composiciones, elogió a otros grupos terroristas y ha abogado por ataques con bombas contra la televisión estatal española y contra el político socialista vasco Patxi López.
Algunos consideran que ejerció su derecho a la libertad de expresión, pero la ley opina lo contrario.
LAS PROTESTAS
Hasél había advertido que no se entregaría voluntariamente para cumplir con su sentencia. El lunes pasado se atrincheró con simpatizantes en la Universidad de Lleida por 24 horas antes de que la policía lo detuviera. Hasél no llevaba cubrebocas y gritaba lemas para sus simpatizantes al ser llevado por las autoridades.
Tras esto surgieron protestas, pacíficas en un principio, en varias ciudades catalanas incluyendo Barcelona. Manifestantes encapuchados comenzaron a lanzar objetos contra la policía y a encender botes de basura para montar barricadas en la calle. La policía respondió con balas de goma y macanazos. Una joven perdió un ojo.
El martes las protestas se ampliaron a todo el país, con disturbios serios en Madrid. El miércoles hubo protestas más pequeñas, pero nuevamente violentas.
UNA LEY IMPOPULAR
En el punto de la mira está la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, creada por el gobierno conservador previo, que muchos sienten que fue diseñada para limitar las protestas contra el gobierno y proteger a la policía.
La ley ha sido usada contra otros raperos y tuiteros, incluso titiriteros. El caso de Hasél desató críticas de Amnistía Internacional y una petición de 200 figuras culturales, incluyendo el cineasta Pedro Almodóvar y el actor Javier Bardem.
El gobierno de coalición, al sentir una presión cada vez mayor, prometió enmendar el código penal para eliminar las sentencias a prisión por ofensas relacionadas a la libertad de expresión.
SIN UN FINAL A LA VISTA
Con más protestas convocadas, el gobierno español y la policía tienen ahora la tarea de calmar la situación en las calles y facilitar el debate político.
El gobierno del primer ministro socialista Pedro Sánchez ha defendido a la policía y condenado la violencia, pero debe contener al partido asociado de extrema izquierda para evitar una separación. El rechazo del líder de Unidas Podemos a condenar públicamente la violencia ha desatado llamados de la oposición a su expulsión del gobierno, lo que podría derribar la coalición y desatar nuevas elecciones nacionales.
Con información de AP.
